Van por la destitución del fiscal anticorrupción
Los problemas entre el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, y la síndica municipal Yazmín Martínez Irigoyen parecen irreconciliables.
La síndica ha lanzado reiteradas acusaciones por presuntas irregularidades en la asignación de contratos, lo que hace suponer probables actos de corrupción en el gobierno municipal.
Afirma, por ejemplo, que el presidente municipal autorizó asignaciones directas; es decir, sin licitación pública, por más de 100 millones de pesos.
Quienes se mueven en los pasillos de Palacio Municipal y conocen los detalles del conflicto aseguran que el enfrentamiento entre síndica y alcalde ha escalado al plano personal. En medio de la disputa, apuntan, se encuentran dos funcionarios, tesorero y secretario del Ayuntamiento, a quienes la edil acusa por orquestar una campaña negra en su contra.
Por su parte, el alcalde pidió que el Congreso de Veracruz proceda al desafuero de su edil, aunque no ha dado a conocer el motivo.
De forma extraoficial circula la especie en el sentido de que Martínez Irigoyen se ha negado de forma sistemática a aprobar las cuentas de la administración, así como a firmar documentos oficiales.
En torno al conflicto, comenzaron a surgir voces que hablan de violencia política, incluso de amenazas contra la funcionaria municipal.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, originario de ese municipio del sur de Veracruz, denunció que ese es un caso de violencia política y de género que amenaza con desbordarse. Afirma el legislador que existe el temor de que la síndica sea víctima mortal de la lucha por el poder en ese municipio, como ocurrió con la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, el pasado 25 de abril.
Lo cierto es que el conflicto en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos se circunscribe en una disputa por el poder entre dos grupos: el del alcalde, ligado a la poderosa secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de la síndica, cuyos principales nexos se ubican en el Altiplano. El problema es que esa disputa política ha escalado ante la incapacidad de las partes por dialogar y establecer acuerdos.
Lo lamentable, por otro lado, es que en vez de explicar las acusaciones relacionadas con la asignación directa de contratos, que implican un probable daño, el alcalde opte por pedir la destitución de la síndica, solicitud que muy difícilmente prosperará en el Congreso local.
Así, independientemente de las determinaciones del Orfis con relación a las denuncias de la síndica, y de la Legislatura sobre el desafuero, sería sana la intervención del gobierno estatal, a través de la secretaría que encabeza Éric Cisneros, a efecto de evitar que las diferencias salgan de control y afecten aún más el desempeño de la autoridad municipal en ese lugar.
VAN POR LA DESTITUCIÓN DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
El fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio, sigue sin aparecer desde que se filtró la orden de aprehensión en su contra.
Luego de la destitución del fiscal general, del manejo mediático de las órdenes de captura y del cateo en su domicilio del puerto de Veracruz, Torres Zamudio se hizo ojo de hormiga.
El problema para él es que está a punto de cumplirse un mes desde que se presentó por última vez a la Fiscalía General del Estado; es decir, desde que se puede acreditar el abandono, por lo que en cualquier momento el Congreso local procederá a destituirle; habrá una nueva convocatoria para elegir al relevo y ello podría ocurrir esta misma semana. @luisromero85
