/ miércoles 6 de octubre de 2021

El delicado manejo del dinero público

A medida que los servidores públicos ocupan mayores responsabilidades, sus obligaciones aumentan, por las faltas administrativas graves o los hechos de corrupción y desvío de recursos públicos patrimoniales.

Por ello los que obtienen el cargo por elección popular, son mayormente responsables de todos los actos u omisiones que ocurren durante el periodo en el que se desempeñe la función pública correspondiente.

De lo anterior se desprende la obligación, de manifestar "bajo protesta de decir verdad" su declaración patrimonial ante los organismos encargados de la fiscalización, documentos en los que se incluye no sólo el registro de muebles e inmuebles, propiedad del servidor público, sino también aquellos que aparecen registrados a nombre de su cónyuge, de sus hijos o dependientes económicos del funcionario.

En días recientes, se informó a los medios de comunicación, que de los 212 Municipios veracruzanos en donde habrá cambio de autoridades municipales a partir del día primero de enero del año 2022, todos han sido detectados con observaciones en sus cuentas públicas, de menor a mayor rango y que tendrán que solventarlas antes de que se les inicien tanto procesos administrativos como procesos penales, en virtud de haber concluido para entonces, el fuero constitucional que impide la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los ediles durante su desempeño.

En algunos municipios, como resulta ser el de la capital veracruzana, por voz del propio edil, se ha reconocido públicamente, que tras observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), no aparecen debidamente aplicados y justificados Cinco Millones de Pesos en el ramo de obras públicas, luego de que se entregó la fiscalización de la cuenta pública del año pasado.

Y como para muestra, basta un botón, los habitantes de la ciudad de las flores, esperamos conocer el resultado de la cuenta pública del último año de gestión del H. Ayuntamiento en funciones, cuando concluya su trabajo la comisión legislativa de fiscalización del H. Congreso local, allá por el mes de noviembre del próximo año.

A medida que los servidores públicos ocupan mayores responsabilidades, sus obligaciones aumentan, por las faltas administrativas graves o los hechos de corrupción y desvío de recursos públicos patrimoniales.

Por ello los que obtienen el cargo por elección popular, son mayormente responsables de todos los actos u omisiones que ocurren durante el periodo en el que se desempeñe la función pública correspondiente.

De lo anterior se desprende la obligación, de manifestar "bajo protesta de decir verdad" su declaración patrimonial ante los organismos encargados de la fiscalización, documentos en los que se incluye no sólo el registro de muebles e inmuebles, propiedad del servidor público, sino también aquellos que aparecen registrados a nombre de su cónyuge, de sus hijos o dependientes económicos del funcionario.

En días recientes, se informó a los medios de comunicación, que de los 212 Municipios veracruzanos en donde habrá cambio de autoridades municipales a partir del día primero de enero del año 2022, todos han sido detectados con observaciones en sus cuentas públicas, de menor a mayor rango y que tendrán que solventarlas antes de que se les inicien tanto procesos administrativos como procesos penales, en virtud de haber concluido para entonces, el fuero constitucional que impide la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los ediles durante su desempeño.

En algunos municipios, como resulta ser el de la capital veracruzana, por voz del propio edil, se ha reconocido públicamente, que tras observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), no aparecen debidamente aplicados y justificados Cinco Millones de Pesos en el ramo de obras públicas, luego de que se entregó la fiscalización de la cuenta pública del año pasado.

Y como para muestra, basta un botón, los habitantes de la ciudad de las flores, esperamos conocer el resultado de la cuenta pública del último año de gestión del H. Ayuntamiento en funciones, cuando concluya su trabajo la comisión legislativa de fiscalización del H. Congreso local, allá por el mes de noviembre del próximo año.