/ jueves 6 de febrero de 2020

El dilema de los puentes vacacionales

Por los cuestionamientos surgidos, principalmente de empresarios de la industria turística, en relación al anuncio de volver a reformar la ley para suspender los puentes vacacionales o “fines de semana largos” planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido al impacto negativo de esta medida a la economía y al empleo, seguramente no pasará de ser una anécdota.

El sector privado promovió realizar la modificación al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde el año 2000, para que en días no laborables contemplados en ley (5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre) se integren a fines de semana y permitir a las familias planear vacaciones cortas, lo que no solamente los integra, sino fomenta el turismo. Ese sector calcula una derrama de al menos 13.6 mil millones de pesos en esas fechas. El argumento expuesto para suspender esos asuetos es de que “la medida obedece a que muchos estudiantes desconocen fechas importantes para la historia del país y sólo prestan atención al hecho de que no tendrán clases”.

Es un tema que puede generar polémica, como ahora, pero recordar u olvidar una fecha histórica no puede atribuirse ni estar sujeta a una ceremonia escolar, sino a la eficiencia de la enseñanza y, en todo caso, al sistema educativo; en todo caso, es lo que debería analizarse y, si es necesario, modificarse. El planteamiento del sector privado es que la industria resultará afectada en sus ingresos si son suspendidos esos puentes vacacionales, que no son en todas las fechas importantes para la historia del país, por el daño a los centros vacacionales, el empleo y a la economía nacional en su conjunto. Finalmente, deberá imponerse lo que mejor convenga, y por la situación que vive el país, seguramente tendrá que prestarse oídos a la sensatez.

Aún hay tiempo para la reflexión, si se considera que el presidente López Obrador estableció que enviaría la citada propuesta de modificación a la ley hasta que concluya el actual ciclo escolar, es decir, tendría que hacerlo en julio próximo, en aproximadamente unos cinco meses más. Desde luego una medida de estas características tiene que ver mucho con Veracruz por la industria del turismo que existe en todo su territorio, de norte a sur, principalmente en sus litorales, de la cual dependen directa e indirectamente miles de personas.

LA INSENSATEZ DE ELIMINAR DELITO DE FEMINICIDIO

Debe tomarse como un distractor más esa supuesta intención de eliminar el delito de feminicidio, que incluso ha sido propuesto por distintos actores políticos para que se considere equiparable al delito de lesa humanidad, sin que pueda prescribir. Según lo trascendido, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pronto estaría enviando una iniciativa de ley para que éste vuelva a tener la condición de delito penal agravado. Eso ha generado mucho ruido, y esa podría ser la pretensión.

La comisión de este acto delictivo no es de competencia federal, sino del fuero común. Además, en un estado como Veracruz que registra el mayor número de asesinato de mujeres (el año pasado sumó 158, aunque podría ser un número mayor debido a que, aún siéndolo, no siempre estos delitos se clasifican como feminicidios, por no haber fiscalías especializadas o por maquillar cifras), sería como minimizar este problema que es sumamente grave.

No, lo que se ha filtrado públicamente seguramente que ni siquiera llegará a presentarse como iniciativa, por la polarización que genera un tema tan sensible como éste. Además, es tan confusa la posición de la FGR que, tras plantear esa insensatez, en un desplegado que publicó la misma Fiscalía plantea que todo asesinato de una mujer sea considerado como feminicidio, lo cual tampoco es así.

opedro2006@gmail.com

Por los cuestionamientos surgidos, principalmente de empresarios de la industria turística, en relación al anuncio de volver a reformar la ley para suspender los puentes vacacionales o “fines de semana largos” planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido al impacto negativo de esta medida a la economía y al empleo, seguramente no pasará de ser una anécdota.

El sector privado promovió realizar la modificación al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde el año 2000, para que en días no laborables contemplados en ley (5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre) se integren a fines de semana y permitir a las familias planear vacaciones cortas, lo que no solamente los integra, sino fomenta el turismo. Ese sector calcula una derrama de al menos 13.6 mil millones de pesos en esas fechas. El argumento expuesto para suspender esos asuetos es de que “la medida obedece a que muchos estudiantes desconocen fechas importantes para la historia del país y sólo prestan atención al hecho de que no tendrán clases”.

Es un tema que puede generar polémica, como ahora, pero recordar u olvidar una fecha histórica no puede atribuirse ni estar sujeta a una ceremonia escolar, sino a la eficiencia de la enseñanza y, en todo caso, al sistema educativo; en todo caso, es lo que debería analizarse y, si es necesario, modificarse. El planteamiento del sector privado es que la industria resultará afectada en sus ingresos si son suspendidos esos puentes vacacionales, que no son en todas las fechas importantes para la historia del país, por el daño a los centros vacacionales, el empleo y a la economía nacional en su conjunto. Finalmente, deberá imponerse lo que mejor convenga, y por la situación que vive el país, seguramente tendrá que prestarse oídos a la sensatez.

Aún hay tiempo para la reflexión, si se considera que el presidente López Obrador estableció que enviaría la citada propuesta de modificación a la ley hasta que concluya el actual ciclo escolar, es decir, tendría que hacerlo en julio próximo, en aproximadamente unos cinco meses más. Desde luego una medida de estas características tiene que ver mucho con Veracruz por la industria del turismo que existe en todo su territorio, de norte a sur, principalmente en sus litorales, de la cual dependen directa e indirectamente miles de personas.

LA INSENSATEZ DE ELIMINAR DELITO DE FEMINICIDIO

Debe tomarse como un distractor más esa supuesta intención de eliminar el delito de feminicidio, que incluso ha sido propuesto por distintos actores políticos para que se considere equiparable al delito de lesa humanidad, sin que pueda prescribir. Según lo trascendido, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pronto estaría enviando una iniciativa de ley para que éste vuelva a tener la condición de delito penal agravado. Eso ha generado mucho ruido, y esa podría ser la pretensión.

La comisión de este acto delictivo no es de competencia federal, sino del fuero común. Además, en un estado como Veracruz que registra el mayor número de asesinato de mujeres (el año pasado sumó 158, aunque podría ser un número mayor debido a que, aún siéndolo, no siempre estos delitos se clasifican como feminicidios, por no haber fiscalías especializadas o por maquillar cifras), sería como minimizar este problema que es sumamente grave.

No, lo que se ha filtrado públicamente seguramente que ni siquiera llegará a presentarse como iniciativa, por la polarización que genera un tema tan sensible como éste. Además, es tan confusa la posición de la FGR que, tras plantear esa insensatez, en un desplegado que publicó la misma Fiscalía plantea que todo asesinato de una mujer sea considerado como feminicidio, lo cual tampoco es así.

opedro2006@gmail.com