/ domingo 6 de enero de 2019

El fracaso del estado proveedor de gasolina y el fin de las pillerías

Desde que se implantó el llamado “neoliberalismo”, con plenitud durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari y hasta el gobierno recién concluido de Enrique Peña Nieto, el resultado del neoliberalismo, que nadie puede negar, se ha visto en el crecimiento de los grandes capitales de la Iniciativa Privada...

Mientras que el número de mexicanos en estado de pobreza y viviendo en la más espantosa miseria alcanza el número de 53 millones de compatriotas.

De nada ha servido el artículo 27 de la Constitución de 1917, que reserva la propiedad de las tierras y aguas para la nación, incluyendo la facultad de expropiación y las modalidades para establecer la distribución y explotación del suelo, subsuelo y mar patrimonial, pues ya se sabe que aún el petróleo y los hidrocarburos líquidos o gaseosos del subsuelo nacional son propiedad de la nación y son además, inalienables e imprescriptibles, con la prohibición expresa de que no se otorguen concesiones para su aprovechamiento y explotación.

El propósito de tal prohibición (lo dice la Constitución) es obtener ingresos para el estado, que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la nación, mediante su explotación y extracción del petróleo e hidrocarburos, para distribuirlos mediante asignaciones a empresas productivas del estado. Hasta aquí todo parece legalmente correcto. Lo malo es el agregado al texto de la Constitución, que dice: “Podrán contratar con particulares”. Esa ha sido la puerta que se abrió para que la “corrupción” entrara a Pemex y el sector privado se adueñara de la riqueza nacional que expropió el general Lázaro Cárdenas para la nación y que hoy enriquece a huachicoleros y corruptos funcionarios y empleados de Pemex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acabar con la corrupción y por ahora se ve que la acción de limpieza y combate a la delincuencia de Pemex y de muchos concesionarios de gasolineras en el país va en serio y con todo. Decir con todo significa que todo el poder público, se ejercerá para acabar con el derroche y corrupción derivados del contubernio establecido entre el gobierno, la burocracia y el sector privado.

De seguir así el combate firme y decidido a la corrupción, el complemento tendrá que ser acabar con la impunidad y con los privilegios que mantiene la oligarquía económica mexicana, compuesta por unos cuantos personajes que se sienten “los dueños de México”.

Desde que se implantó el llamado “neoliberalismo”, con plenitud durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari y hasta el gobierno recién concluido de Enrique Peña Nieto, el resultado del neoliberalismo, que nadie puede negar, se ha visto en el crecimiento de los grandes capitales de la Iniciativa Privada...

Mientras que el número de mexicanos en estado de pobreza y viviendo en la más espantosa miseria alcanza el número de 53 millones de compatriotas.

De nada ha servido el artículo 27 de la Constitución de 1917, que reserva la propiedad de las tierras y aguas para la nación, incluyendo la facultad de expropiación y las modalidades para establecer la distribución y explotación del suelo, subsuelo y mar patrimonial, pues ya se sabe que aún el petróleo y los hidrocarburos líquidos o gaseosos del subsuelo nacional son propiedad de la nación y son además, inalienables e imprescriptibles, con la prohibición expresa de que no se otorguen concesiones para su aprovechamiento y explotación.

El propósito de tal prohibición (lo dice la Constitución) es obtener ingresos para el estado, que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la nación, mediante su explotación y extracción del petróleo e hidrocarburos, para distribuirlos mediante asignaciones a empresas productivas del estado. Hasta aquí todo parece legalmente correcto. Lo malo es el agregado al texto de la Constitución, que dice: “Podrán contratar con particulares”. Esa ha sido la puerta que se abrió para que la “corrupción” entrara a Pemex y el sector privado se adueñara de la riqueza nacional que expropió el general Lázaro Cárdenas para la nación y que hoy enriquece a huachicoleros y corruptos funcionarios y empleados de Pemex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acabar con la corrupción y por ahora se ve que la acción de limpieza y combate a la delincuencia de Pemex y de muchos concesionarios de gasolineras en el país va en serio y con todo. Decir con todo significa que todo el poder público, se ejercerá para acabar con el derroche y corrupción derivados del contubernio establecido entre el gobierno, la burocracia y el sector privado.

De seguir así el combate firme y decidido a la corrupción, el complemento tendrá que ser acabar con la impunidad y con los privilegios que mantiene la oligarquía económica mexicana, compuesta por unos cuantos personajes que se sienten “los dueños de México”.