Tal como está configurado el Insabi no es una arquitectura sostenible para hacer efectivo el derecho humano a la salud.
La improvisación y el desorden con el que ha iniciado el uso del membrete llamado Instituto de Salud del Bienestar nos obligan a preguntar hasta dónde resulta lícito el derecho de los gobernantes a soñar.
Julio Frenk Mora, quien creó el Seguro Popular, ha publicado una treintena de libros, además de decenas de artículos en revistas especializadas, creó la Cofepris, la primera agencia regulatoria de salud en el país, misma que hoy vive un profundo marasmo.
Frenk es una autoridad mundial en salud pública y uno de los mejores secretarios de Salud que ha habido en el país.
El Insabi, esta ocurrencia que ha reemplazado al Seguro Popular que daba atención a 57 millones de mexicanos y que estaba ya financiado para poder operar durante varios años más sin dificultades, lo encabeza un señor que se llama Juan Antonio Ferrer Aguilar, muy respetable paisano de AMLO.
El señor Ferrer Aguilar dejó la administración de las zonas arqueológicas para encargarse de desmantelar el sistema de salud más exitoso que ha tenido México para la atención de los más pobres, creado bajo las normas y criterios internacionales, y crear un instituto que se vendió como gratuito pero que cobra, y mucho, por servicios que no funcionan, que no está atendiendo a la gente, que no tiene medicinas.
Un instituto lanzado como casi todo, con prisa, improvisación y falta de sentido de la realidad.
El Insabi no tiene reglas de operación claras, ni para pacientes ni para los administradores ni mucho menos para los médicos.
El tema de la salud se ha convertido en un pasivo para la 4T. El caótico arranque del famoso Insabi pega donde más duele. Hace ver el lema “por el bien de México, primero los pobres” como demagogia pura.
Son los pobres los más afectados por la desaparición del Seguro Popular, el 1 de enero de 2020, y la llegada del Insabi.
El PAN, de plano ya no sabe qué hacer. La bancada azul en el Senado anunció la intención de citar a Arturo Herrera, ¡secretario de Hacienda!
¡Ni la inexperiencia ni los equívocos de los ajustes administrativos gubernamentales deben convertirse en un riesgo más sobre los usuarios y pacientes de los servicios de salud!
La distancia entre las palabras y los hechos no se salva, por ponerlas en la ley.
Legislar la utopía es tentador, una forma de dejar establecido el ideal anhelado, pero eso provoca problemas cuando el enunciado otorga derechos que el Estado no está en condiciones de garantizar. Y éste, tan sólo, es uno de los inconvenientes de recién estrenado Insabi.
Si la política de la llamada 4T tuviera que reducirse a una palabra sería “propaganda”.
La megalomanía convertida en política pública. Por eso tratan de meter y acomodar la realidad a la narrativa épica y, cuando eso no es posible, deslinda de cualquier error, falla e insuficiencia a quien tomó la decisión de decretar la realización histórica de metas paradisíacas.
Es muy grave que este cambio de gran envergadura en el sistema de salud se dé al margen de evaluaciones, diagnósticos y omitiendo la más elemental planeación para la transición hacia lo nuevo, pues con ello están poniendo en peligro vidas de quienes paseen enfermedades prevenibles, tratables y/o curables.
No bastan las palabras para que tengamos un sistema de salud, “el de los países nórdicos”, compromiso de AMLO.
Sin recursos suficientes y sin adecuada planeación no será posible siquiera regresar a la situación que teníamos antes de la atropellada puesta en operación del Insabi.
La demagogia, si bien puede crear la ilusión de un cambio de época y mantener alta la popularidad del gobernante, no genera crecimiento económico, no crea empleos dignos, no trae paz ni seguridad ni tampoco salva vidas. Pero sí las puede poner en riesgo.
Los problemas que afronta el Insabi no están causados por el boicot de oscuros grupos de poder ni tampoco faltan medicinas porque las empresas no se las quieren surtir al gobierno.
