Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez García, expresidente de México y “Benemérito de las Américas”, constituye el ejemplo a seguir por su visión progresista, pero más que nada porque Juárez es reconocido por su desempeño en el servicio público, apegado a la justicia y la legalidad.
Resulta extraño que AMLO, quien despacha desde Palacio Nacional, al igual que lo hizo Benito Juárez, se haya comprometido a gobernar con absoluto respeto a la ley y a las instituciones públicas. Sin embargo, la sugerencia al fiscal Alejandro Gertz Manero, de que “tienen que declarar Calderón y Peña Nieto”, refiriéndose a la denuncia formulada por Emilio Lozoya Austin, resulta contraria a la palabra empeñada por el propio presidente, de ajustar sus actos al mandato estricto de la ley.
Basta con citar el ejemplo de la persecución en contra de Rosario Robles Berlanga, a quien se le imputan actos de corrupción por la llamada “Estafa Maestra”, quien acaba de cumplir un año de reclusión, sin derecho a continuar desde su casa el proceso que se le sigue, comparado con el trato preferencial, sutil y delicado que se le ha dado al extraditado Emilio Lozoya Austin, quien resulta ser un delincuente confeso de los sobornos de Odebrecht y de los contratos que le permitieron amasar millones de dólares, depositados en cuentas de su esposa, hermana y progenitora, sin importarle el daño moral causado a su propia familia y el daño patrimonial a la nación.
No es sana para la República ante los momentos difíciles por los que pasa el pueblo de México, agobiado por el coronavirus, la pérdida de empleos y criminalidad imparable, la opinión expresada en conferencia mañanera por el presidente AMLO, conminando a Gertz Manero para que llame a declarar a los expresidentes Calderón y Peña a partir de una denuncia (sin pruebas) y por delitos prescritos por el paso del tiempo, pues por lo que se observa solo se trata de exhibir públicamente en la barandilla a prominentes personajes de la vida pública, sin que se tenga certeza de las responsabilidades penales que denuncia un delincuente confeso.
No hay respeto a la investidura del fiscal Gertz Manero y menos para la autonomía de la FGR, encargada constitucionalmente de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes para dejarlos a disposición del Poder Judicial, que también de manera autónoma debe aplicar la ley.
