Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018.
Estos hechos suelen quedar impunes. Son palabras del informe mundial 2022 de Human Rights Watch.
El análisis del organismo internacional, que puede leerse en www.hrw.org muestra que la tan anhelada transformación que se esperaba en México, con una población cautiva aún, no se ha concretado en la realidad, en la vida social cotidiana de nuestro país. En el discurso, en la proyección mediática, en el anhelo de miles de mexicanos se mantiene, pero en los hechos de la realidad las cosas son diferentes.
Baste ver el aumento acelerado de la canasta básica, de los combustibles, de los servicios públicos. Una gran cantidad de la población de nuestro país puede salir adelante y no resiente, porque ha tenido los beneficios de los programas sociales del gobierno, pero otra parte de los mexicanos está sufriendo en carne propia la carestía del consumo básico debido a las limitaciones económicas.
Pero regresando al informe de Human Rights Watch, al hablar sobre el sistema de justicia penal, indica que “es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal”.
Según la organización no gubernamental México Evalúa, apenas 5.2 % de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos.
“En general, el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones. La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla”.
“La Fiscalía General de la República no ha implementado adecuadamente una reforma adoptada en 2018 para que los fiscales actúen con mayor independencia del gobierno y haya una mayor rendición de cuentas. En 2021, el Congreso derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018”.
“En abril de 2021, el Congreso aprobó una ley que extendió los mandatos del presidente de la Suprema Corte y de miembros del Consejo de la Judicatura Federal, que controla la contratación y la destitución de los jueces. En noviembre, la Suprema Corte anuló la ley declarándola inconstitucional”.
Y en este panorama internacional, en Veracruz no se cantan mal las rancheras, no sólo por los casos de abusos policiales que son cada vez más frecuentes, también por la intentona de la Fiscalía General del Estado de culpar a quienes no lo son. Hace unos días, tanto la Fiscal Verónica Hernández Giadáns como el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tuvieron que emitir un “mea culpa”, por la detención arbitraria de un grupo de jóvenes que generó escándalo a nivel nacional y atizó el protagonismo del Senador Ricardo Monreal Ávila.
La aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Veracruz, habla bien del mandatario estatal y de la Fiscal, pero sin lugar a dudas es un punto negativo de la forma de actuar y de aplicar la ley en Veracruz, de parte de un movimiento que sufrió los embates de gobiernos corruptos y represores. Ellos dijeron que serían diferente.
