A mis dos que tres lectores y amigos les hago saber que por causas personales y de salud me ausenté de este espacio involuntariamente y que durante más de 30 años he ocupado. Aun estando convencido que hay que defender el proyecto del nuevo gobierno, su Cuarta Transformación, no se abandonará la esencia crítica racional y fundamentada de estas notas. Pido disculpas por mi ausencia (a quienes lo notaron).
Las denuncias diarias del gobierno federal y del estatal, del desastre (el “cochinero”, dice el presidente AMLO), que gobiernos anteriores dejaron en la economía, la corrupción en la política y en las relaciones sociales y comerciales. Era necesario hacerlo, falta la aplicación de la ley. Tendrá que venir un proceso de reflexión y autocrítica de la ciudadanía que con tanta inconciencia se hicieron cómplices, que con su voto, encumbraron a esa “clase política” que nos mintieron una y mil veces, saquearon al país y entregaron soberanía y riqueza a las grandes empresas trasnacionales. Si nos engañan la primera vez, la culpa no es nuestra —dice el proverbio—, pero si nos vuelven a engañar, la culpa ya es compartida.
López Obrador dice que su gobierno es un nuevo régimen, y que el neoliberalismo se acabó. Cuando el tal neoliberalismo no es más que una modalidad del sistema capitalista, un eufemismo, cuya esencia es privatizar todo lo que el Estado le da un carácter social y convertirlo en objeto de lucro. Este sistema permanece intacto y funciona con las leyes que los gobiernos anteriores (sus administradores) diseñaron para que la maquinaria explotadora y depredadora funcione de la mejor forma. Estamos pues, ante un gobierno que resiste y enfrenta la expresión más lacerante de su ser: la corrupción. Es decir, una lucha por la moralización del gobierno y de la política. Pero sigue prevaleciendo la economía sobre la política.
La corrupción es inherente al sistema capitalista, es parte fundamental en la competitividad que es el alma del sistema. Y por supuesto, contamina no sólo las relaciones económicas, contagia su mal a la vida social, laboral y principalmente la política. El presidente López Obrador reiteradamente ha declarado que robos y agresiones a la sociedad se hacen con el conocimiento del señor gobernador o del señor presidente en turno. Y que las escaleras se barren de arriba para abajo. Sin embargo, la aplicación de la justicia la están haciendo de media escalera hacia abajo. Pongo tan sólo estos botones de muestra que gozan de cabal salud e impunidad: La “Estafa Maestra”, el caso Odebrecht, la compra de Fertimex, las empresas “fantasma”, lo confiscado a Duarte y otros gobernantes y al crimen organizado, los huachicoleros mayores, etcétera.
Germán Martínez renunció a la dirección de IMSS, expanista y converso morenista, por no estar de acuerdo con la política de austeridad aplicada a la institución, principalmente en la compra de medicamentos, que de paso acusó a algunos funcionarios de Hacienda de conflicto de interés (misma acusación hizo el exsecretario de Hacienda, Urzúa). Gran parte del presupuesto de la institución se invierte en la compra de medicamentos. Como ciudadano de a pie, me pregunto: ¿Por qué un señor empresario —el Doctor Simi— es capaz de inundar al país y más allá de nuestras fronteras, y una institución que atiende a más de la mitad de habitantes de este país, cuya esencia es social y solidaria, no es capaz de producir sus propios medicamentos, que abastecería también a otras instituciones de salud?
Así se empezaría a quitarle poder a esas empresas trasnacionales que, a los grandes tiburones de la economía nacional y mundial. Entonces sí, hablaríamos de un Estado social y un cambio de régimen. Y se pondría en igualdad de condiciones a la economía y a la política. La lucha contra la corrupción es necesaria, urgente y vital para la salud del país, pero si no controla y modera la insaciable obsesión de ganancia del capital, el nuevo gobierno queda en mero moralizador de la política y de los gobiernos. Lo que sigue es: revertir las leyes y reformas que el neoliberalismo diseñó para que el capital explote “legalmente” la mano de obra barata de los mexicanos; desprivatizar lo que el neoliberalismo en 30 años privatizó: minerales, hidrocarburos, ferrocarriles, carreteras, playas, eliminar el Fobaproa, etcétera.
