Andrés Manuel y Cuitláhuac están cursando su sexto mes de gobierno y en unos diez días cumplirán su primer semestre, medio año que se ha caracterizado por los hechos violentos, la inseguridad y los escándalos.
En ambos niveles de gobierno se ha hablado de corrupción, a pesar de que la bandera de López Obrador y de todos los candidatos morenistas en campaña fue que la combatirían.
Y aquí en Veracruz hay que agregar el despido de más de 2 mil 600 trabajadores en estos primeros seis meses.
El escándalo de corrupción más reciente se supo arrancando la semana y es el de las compras millonarias a farmacias del superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, de quien se dice que sus empresas han recibido contratos millonarios del sector salud federal y el del estado de Veracruz.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad investigó y ayer expuso el caso del emporio farmacéutico de Lomelí, en el que familiares y colaboradores forman una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.
De acuerdo con lo publicitado, recibieron contratos del gobierno federal por un monto de más de 164 millones de pesos.
El mismo grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años, es decir, en el gobierno que encabezó Enrique Peña y en el de Felipe Calderón.
También se dio a conocer que el empresario firmó en los últimos días de diciembre un contrato con el gobierno de Veracruz y que éste le asignó directamente un contrato por 36 millones de pesos.
Hasta anoche no se había escuchado ninguna voz oficial para desmentir, aclarar, precisar y menos para decir que van a corregir las cosas, como sí lo anunció una vez López Obrador cuando “se enteró” que su compadre era quien surtía el papel para imprimir los libros escolares.
En una de sus conferencias mañaneras el presidente dijo que le pediría a su compadre que declinara a ser proveedor. Hasta ahora no sabe si el compadre aceptó retirarse a pesar de que ganó la licitación.
Trabajadores despedidos
En este primer semestre, el gobierno estatal ha dejado sin empleo a 2 mil 688 personas. Claro que oficialmente no todas han sido despedidas, porque ha habido renuncias y “retiros voluntarios”.
El caso es que luego de 38 solicitudes de información que hizo Diario de Xalapa, los datos indican que en diciembre de 2018 se dieron de baja 683 trabajadores adscritos principalmente a la Oficina del Gobernador, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Gobierno.
Los cifras aumentaron en enero, cuando se registraron 2 mil 5, la mayoría de los casos en las secretarías de Salud, con mil 95, y de Turismo, con 53. Esto en el lapso de diciembre a enero.
En la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario fueron 15, de diciembre a enero; en Protección Civil, 27, de diciembre a enero, y en la SEV hubo 310 bajas.
Insisto, no todos son despidos, pero hay testimonios de trabajadores que les avisaron que los cambiarían de lugar de trabajo, por ejemplo, de Xalapa a Agua Dulce, y como su situación personal y familiar no les permitía ir tan lejos prefirieron dejar el empleo. Así se las gastan algunos funcionarios estatales.
De la inseguridad y la violencia ya se ve que son el pan nuestro de cada día. Como ejemplo baste mencionar dos casos de los varios ocurridos ayer. En Las Choapas hubo movilización policiaca al ser encontrado un cadáver con huellas de tortura.
Y en Orizaba, dos jóvenes están desaparecidos desde el sábado y ante la incapacidad de las instancias oficiales los familiares han recurrido a la ayuda de la sociedad para encontrarlos.
Y esto es sólo el primer semestre. Aún quedan cinco años y medio de gobierno.
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