De la cordura del gobernante dependerá la buena o mala elección de sus colaboradores. Lo anterior se desprende de las facultades y obligaciones que son exclusivas del presidente de la República. Lo dice así el artículo 89 constitucional en su Fracción II; y es que tanto a los secretarios del gabinete, embajadores, cónsules, empleados superiores de Hacienda y toda la burocracia que cobra en la nómina del Poder Ejecutivo federal depende de la decisión del titular del Ejecutivo.
Hay otros cargos en que los funcionarios responsables, además del nombramiento presidencial, requieren para su validez de la “ratificación” de sus cargos, por parte de la Cámara de Diputados o el Senado. Los nombramientos de los mandos militares, los hace el Presidente, con aprobación del Senado; y lo mismo acontece con los oficiales superiores de la Armada y la Fuerza Aérea. Ahora también hay que incluir al jefe de la Guardia Nacional.
Igualmente el Presidente tiene la facultad de presentar una terna al Senado, para la designación de ministros de la SCJN; y respecto de los llamados organismos autónomos, también corresponde al Ejecutivo federal formular las propuestas de algunos de sus integrantes que deberán ser aprobadas por miembros del H. Congreso de la Unión.
Entre estos últimos destacan el INEE, INAI, INEGI, INE, Banxico, titulares de la FGR y de la CNDH, y otros tantos refugios que la nómina burocrática federal sostiene con una parte importante de los ingresos que pagan los contribuyentes.
De todo el equipo del Presidente, éste espera la lealtad, que debe ser un vínculo con el superior jerárquico, de compromiso para servir a la patria y atender al pueblo, sin distinción de clases sociales ni discriminación alguna. El político que se equivoca al nombrar a colaboradores desleales, después de la traición, no tendrá nada que reprochar.
La 4T no ha comenzado, mientras el que manda en Palacio Nacional no precise los objetivos que se persiguen para sentar las bases del Nuevo Régimen que pretende instaurar. Así lo hicieron los constructores de la República y el Federalismo en 1824; los liberales y progresistas, en la Constitución Política de 1857 y los revolucionarios que trabajaron con el Constituyente de 1917, cuyos postulados aunque han sido incumplidos y mancillados, todavía nos rigen y están en plena vigencia.
