En 2018 Andrés Manuel López Obrador insistía en un proceso de pacificación, teniendo como antecedente Colombia, donde durante años se ha trabajado en búsqueda de reconciliación y perdón, la propuesta de “abrazos y no balazos” no sonaba tan irreal para algunos, otros tantos opositores reiteraban que México no estaba listo para ese tipo de procesos.
Hoy casi 6 años después hemos comprobado que ni la propuesta pudo ser aplicada como se planteó en un inicio ni los resultados son lo que desearíamos para un país más tranquilo.
El tema de seguridad será el talón de Aquiles de quienes contienden el próximo 2 de junio y es que no se trata únicamente de los niveles de inseguridad desatados por el crimen organizado y el narcotráfico, no es una tarea exclusiva de quien ostenta la Presidencia de la República, sino que es un pendiente colectivo, que se incrementa por la falta de autoridades competentes en niveles locales, la constante impunidad, y la corrupción en los procesos fiscales y penales.
También es un tema creciente el número de feminicidios que en múltiples ocasiones se incrementa por la misma impunidad en los procesos, los atentados a periodistas, porque de igual forma no se esclarecen los hechos y rara vez hay responsables intelectuales de los crímenes.
Es una realidad que en México el sistema penitenciario presenta constantes fallas, los penales son uno de los puntos vulnerables de seguridad, quienes acaban dentro viven la desigualdad del exterior, pues de manera inexplicable hay quienes gozan de privilegios por los vínculos y arreglos que puedan tener.
Aunado a lo anterior llegan historias como las de Paula Josette, una joven de 23 años que ingresó a un Cereso de Sonora para una visita conyugal y salió sin vida, aunque la causa oficial de su muerte dictaminó que fue un infarto fulminante, hay múltiples irregularidades en el caso, que involucran a la fiscalía y personal del mismo penal.
La autopsia reveló otro tipo de datos y daños que dan indicios de violencia y asfixia previo a la muerte, sin embargo, dentro del penal hay procesos que llaman la atención, el ingreso de la joven sin identificación oficial, que un preso tuviera acceso a un celular con internet y la falta de un traslado oportuno al hospital para salvar la vida de la joven en caso de que haya sido un infarto.
Han pasado dos meses del caso de Paula Josette, no hay responsables porque las personas sujetas a investigación salieron bajo fianza, la madre no pudo ver el cuerpo de su hija y la fiscalía no ha asumido la responsabilidad de los hechos ni ha brindado respuestas.
Esta situación es la misma que se vive no sólo en Sonora, sino también Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y múltiples entidades, donde los organismos que deberían brindar seguridad son los primeros en alentar los procesos, perder expedientes e incluso proteger a los criminales.
Con panoramas como el anterior era imposible dar seguimiento a una estrategia de pacificación, pues sólo aceleraba la impunidad y corrupción que se vive en distintos organismos públicos del país, de ahí que actualmente la oposición meta el dedo en la llaga y aproveche para colgarse de esta preocupación latente en el país. No obstante, no basta con discursos, es aquí donde hemos de analizar la profundidad de las propuestas en todos los niveles.
Resulta irreal confiar en propuestas de quienes han sido partícipes de estos mismos procesos que fomentan la corrupción y la impunidad, hemos de prestar atención a los vínculos que hay detrás, los compromisos adquiridos que impiden progreso e incluso ¿qué decisiones han tomado aquellos que han tenido previamente otros cargos?, si el desempeño en sus comunidades y niveles locales no ha sido el más óptimo ¿por qué les daríamos el espacio para seguir escalando? El próximo 2 de junio de nada sirven las promesas si en los hechos no han sido personas que muestren un verdadero compromiso con la seguridad.