Desde luego es una burla la pena dictada de nueve años de cárcel y una ridícula multa de 58 mil pesos al ex gobernador Javier Duarte por los delitos de desviación de recursos públicos que cometió; resulta ofensiva, y sólo se explica en ese axioma del sistema político nuestro de cobijarse unos a otros y sólo hacer cómo que se hace justicia. La falla principal es atribuible a la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de aportar las pruebas del escandaloso desvío de recursos del erario que se ha señalado al ex mandatario, cuestión que no cumplió, y al variar los delitos y acusarlo por lavado de dinero y asociación delictuosa, le abrió la puerta para salir de la cárcel dentro de muy poco tiempo, apenas siete años y medio más al descontarse el tiempo que ha permanecido recluido desde su aprehensión en Guatemala, en abril del año pasado, o menos, si tiene buen comportamiento, en cuatro años más obtiene su liberación. Haberle decomisado 41 propiedades en Veracruz y Campeche, principalmente, obtenidas de manera ilícita por el acusado, no es nada comparado con los miles de millones de pesos de fondos públicos desviados que la Auditoría Superior de la Federación documentó que se registró durante el gobierno duartista, y ahora la única posibilidad de que reciba un castigo ejemplar es ejercer acción penal en el ámbito local por delitos distintos, tales como peculado, abuso de autoridad y desaparición forzada, por los que lo acusa la Fiscalía General del estado. Habrá que verlo. Por lo pronto, esa vacilada de sentencia a Duarte no hace más que reavivar el rechazo ciudadano hacia el actuar del gobierno de la República y la certeza de que prevalece la impunidad; en el colmo, ni siquiera se visualiza que esta determinación pueda alcanzar al grupo copartícipe del ex gobernador que se sirvió con la cuchara grande en Veracruz, entre ellos varios políticos que ya no tienen fuero constitucional. Lmentable, por igual, que senadores y diputados federales y locales no asuman una posición de exigencia ante las autoridades para que en este, como en otros casos, se aplique rigurosamente la ley a los infractores, y en cuanto a los 41 bienes decomisados a Duarte de Ochoa, seguramente serán restituidos a los veracruzanos, aunque difícilmente en lo inmediato, lo más probable es que suceda en los próximos meses, ya con el nuevo gobierno que inicia en diciembre próximo.
EMPRESARIOS CONTRA CFE POR ALTOS COBROS
+++Inicialmente, comerciantes de la calzada José Martí de Veracruz hicieron un llamado para apagar las luces de sus negocios desde las siete de la noche en señal de protesta por los altos cobros que realizan la Comisión Federal de Electricidad en el último recibo entregado a los consumidores, mayores al 100 por ciento y hasta más del 200 por ciento respecto a los últimos que han pagado. Ayer mismo, el empresario Daniel Martín Lois, convocó a otros empresarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río a sumarse a este protesta que se extenderá a este viernes y, la propuesta, es que se extienda a todo el estado y tenga repercución nacional. Es cierto, los cobros en el último bimestre se dispararon sin razón alguna, sin explicación razonable, lo que se interpreta como un último intento del gobierno federal para exprimir a empresarios en este caso, pero también a todos los ciudadanos que deben pagar sin chistar lo que les cobra la CFE. Ese abuso se le va a revertir a la empresa que se hace llamar de clase mundial. ¿Se trata de cobrarse la afrenta de que la mayoría de los mexicanos votara en contra del actual partido en el gobierno? Quien sabe, pero eso parecería, y al menos en Veracruz los empresarios no están dispuestos a permitirlo. De no haber una respuesta inmediata, este movimiento puede escalar a otros estados y convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Habrá que esperar.
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