En anteriores reseñas hemos comentado que el servicio público es fascinante, pero también muy traicionero y generalmente los coletazos que da son a toro pasado, es decir, cuando ya no se está ejerciendo la función pública.
Es una práctica común y reiterativa que los nuevos gobiernos se vayan encima de los anteriores gobiernos, como una suerte echada, no escrita del ámbito público, a manera de complacencia para la masa votante que los llevó al poder y también para justificar la tentación de verse como poderosos verdugos.
Lo que no es común ni reiterativo es que los nuevos gobiernos monitoreen permanentemente las acciones, el desenvolvimiento y el ejercicio que se hace de los recursos públicos bajo la responsabilidad de los nuevos funcionarios y empleados que forman la estructura orgánico funcional que los acompaña y mucho menos es común que se penalice a quienes, desde el nuevo gobierno, violenten la normatividad que regula su ámbito de actuación y trasgredan la ley.
Podríamos decir que este espectáculo se puede apreciar cada 6 años, sin temor alguno a equivocaciones o falsos pronósticos, de tal manera que los mexicanos ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones sin ser víctimas ya del desconcierto o asombro.
Permanece aún fresco en mi memoria lo acontecido con David Korenfeld, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, quien utilizaba frecuentemente los helicópteros oficiales de la dependencia para trasladarse desde su casa hacia su trabajo o algún otro lugar de la Ciudad de México y no solamente para atender asuntos oficiales según se comprobó después.
El caso más sonado que incluso provocó la renuncia de este funcionario y del cual las redes sociales dieron cuenta oportuna de ello, se presentó en marzo de 2015 cuando Korenfeld, su esposa y sus hijos utilizaron un helicóptero para trasladarse de Bosque Real, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde reside la familia, hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para ahí tomar un avión e ir a vacacionar a Vail, Colorado, durante Semana Santa.
Después de la exhibida de que fue objeto en los medios de comunicación se supo que no era la única ocasión que utilizaba la aeronave oficial para fines personales, sino que era una práctica recurrente del funcionario. Se supo de acuerdo con las bitácoras, que prácticamente utilizaba a diario los helicópteros de la Conagua y ante todo ello no hubo más remedio que presentar su renuncia.
Desde luego que casos como el antes referido no pueden ser aceptados ni permitidos por el propio gobierno que les abrió el espacio para conducirse con respeto, con ética y con responsabilidad.
Ahora nuestro país se convulsiona con la detención de Emilio Lozoya Austin en Málaga, España, a quien se le liga con sobornos millonarios que presuntamente recibió por parte de Odebrecht y Altos Hornos de México, además de algunas otras imputaciones que le han realizado.
Durante un poco más de siete meses, Lozoya Austin fue noticia muy difundida al grado tal que su familia, incluso su propia madre, se vieron atrapados en una persecución internacional.
Hace muy pocos años Emilio Lozoya se incorporó al gabinete de Peña Nieto con las mejores cartas credenciales, con roles internacionales y representaba la esperanza que podría llevar a Pemex a convertirse de una paraestatal a una empresa de talla mundial. Hoy está señalado como el ícono de la corrupción gubernamental, ha sido defenestrado y su nombre anda de boca en boca.
Ahora que está de moda la rifa del avión presidencial me pregunto: ¿realmente es Emilio Lozoya el premio mayor?
Diputado federal del PAN