Con el compromiso (para quien le quiera creer) de que demostrará que no es culpable de los delitos que se le imputan, Emilio Lozoya Austin se declaró inocente y como la Fiscalía General de la República no solicitó la prisión preventiva y el juez no la consideró procedente de oficio.
La expectación pública que se despertó con el llamado “juicio del siglo” cayó por su propio peso, y el extraditado defraudador de Pemex vuelve a ser libre para seguir su defensa desde la comodidad de su hogar, en tanto lo dan de alta de las graves enfermedades que según padece y que le impidieron pisar el Reclusorio Norte de la CDMX.
Por su parte, el presidente López Obrador señaló, en su acostumbrada “mañanera”, que el juicio en contra de Emilio Lozoya ayudará a desterrar la corrupción; lo veremos, dijo un ciego, aunque por el contrario se ha tratado al exdirector de Pemex con algodones y se le ha otorgado el beneficio de seguir su proceso en libertad, con la única molestia de portar un brazalete que permita su localización si falta a firmar cada 15 días al juzgado donde se ventila su caso.
Desde la llegada de Lozoya a México, sus abogados manifestaron que se había convenido al más alto nivel político conceder a su cliente la libertad absoluta, a cambio de señalamientos y pruebas de corrupción de los altos funcionarios públicos que “lo utilizaron” para defraudar a las diversas empresas del gobierno, cuyo daño patrimonial subsiste. Todo esto en atención al principio jurídico que permite “el intercambio de una cosa por otra” (quid pro quo), que de acuerdo con el nuevo Derecho Penal mexicano, copia casi al carbón de la justicia penal norteamericana, permite, cuando así le convenga al Estado, beneficiar a un procesado, cambiando su situación jurídica por la de testigo protegido o testigo colaborador.
Una vez más se confirma que al caer el show mediático del sacrificio anunciado con tanta espectacularidad para encarcelar a Lozoya y llevar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, sucedió como en la fábula de Esopo sobre El Parto de los Montes, puesto que los mexicanos esperábamos ver la verdadera aplicación de la justicia y en su lugar estamos presenciando una más de las componendas o triquiñuelas judiciales a las que nos hemos acostumbrado los abogados y litigantes de barandilla de policía.
