El anuncio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ha puesto nerviosos a más de 17 gobernadores y a más de nueve exgobernadores, que se han atrevido a cuestionar al nuevo gobierno encabezado por el presidente López Obrador.
Los gobernadores reclaman mayores participaciones de los montos de recaudación fiscal federal, argumentando que en sus entidades los contribuyentes han cumplido con las aportaciones al erario, gracias a ellos, por los compromisos adquiridos con la ciudadanía para hacer mejor y mayor obra pública.
Nieto Castillo anunció que en coordinación con la Secretaría de la Función Pública se investigan posibles casos de lavado de dinero “relacionados con gobernadores y exgobernadores”. De los nueve que culminaron su función antes de la llegada de la 4ª. Transformación, no hay uno que haya salido limpio de la revisión de la SFP.
El artículo 400 Bis del Código Penal Federal señala: “Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie o cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.
Por otra parte, el titular de la UIF alertó a los superdelegados del Gobierno Federal que preside López Obrador, para que atiendan las denuncias que se han presentado en su contra, debido a que la revisión de algunos casos atribuidos a ellos arroja posibles desvíos de recursos públicos, relacionados con gobernadores y exgobernadores.
Por si no lo creyeran los funcionarios públicos aludidos, deben saber que a la fecha la UIF ha bloqueado 858 cuentas de personas físicas y morales, que suman 46 millones de dólares y que permanecen en bancos sin resarcir al erario, ante la imposibilidad legal de aplicarles la “extinción de dominio” para que el gobierno federal pueda disponer de esos recursos.
