/ domingo 27 de septiembre de 2020

En un gobierno de ciegos, el Presidente es rey

El jueves pasado, tras la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el presidente López Obrador pidió “lealtad ciega” a su proyecto de gobierno. La exigencia del mandatario a sus colaboradores no sólo es un acto de autoritarismo, también es contrario a la ley.

La “obediencia ciega” que acusó el hoy exfuncionario e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, rechaza el deber básico e irrenunciable de todo servidor público: el de cumplir y hacer cumplir la ley. Al igual que otros personajes que han renunciado al gabinete, Cárdenas aludió a la misma razón: hay una exigencia presidencial de tomar atajos en la Constitución y las leyes, sustituyéndolas por su voluntad personal.

Por la naturaleza de nuestro sistema político, el ejercicio del gobierno suele reflejar el estilo personal del gobernante. Sin embargo, su desempeño siempre debe inscribirse en el principio de legalidad, el cual establece que todo acto de los órganos del Estado debe enmarcarse en el derecho vigente.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido por medio de jurisprudencia firme que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. La “obediencia y lealtad ciega” no son normas ni criterios establecidos en las leyes, por el contrario, es precisamente lo que se quiere evitar con los mecanismos de control constitucional.

Exigirla a funcionarios públicos es ilegal y sólo se concibe en un gobierno imperial, monárquico o tirano. ¿Son estas las alternativas que nos ofrece la 4T?

Contrario a lo que sugiere López Obrador, el respeto al Estado de Derecho y la representación de los intereses de los mexicanos no son contrarios, tampoco enemigos. Respetar la ley no significa actuar en contra de la voluntad de los ciudadanos; cumplir con el principio de legalidad es el primer acto de lealtad y obediencia al pueblo.

La sociedad no elige a sus gobernantes para que violen la ley. Sin embargo, invocar una “obediencia ciega” a los funcionarios públicos es un llamado a la ilegalidad, a saltarse la ley y hacer excepciones para satisfacer los intereses del mandatario.

Hasta ahora, nadie tiene la más peregrina idea de lo que significa la Cuarta Transformación. Más allá de un discurso revanchista y polarizante, lo que los mexicanos entendemos por la 4T no es más que un gobierno errático, de buenos propósitos que contrasta con la realidad y que carece de un proyecto de nación. Por tanto, una idea difusa y desarticulada no puede estar nunca por encima de la Constitución y sus normas.

Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les faculta. Ni la “lealtad” ni la “obediencia ciega” pueden sustituir este principio que impide que la autoridad ejerza su voluntad más allá de la propia norma.

Las autoridades de gobierno deben actuar en el ámbito de sus atribuciones y competencias, nunca más allá, es decir, su actuación se realiza atento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales y no pueden ejercer atribuciones que no tienen expresamente reconocidas en la ley. Aludir a la voluntad popular para dejar de cumplir a la Constitución es un acto de perversa ilegalidad. Eso es precisamente lo que están acusando quienes han abandonado el barco de la 4T.

No sobra recordar que en su carta de renuncia, Cárdenas dijo que detectó presuntos robos de algunos bienes decomisados, contrataciones para beneficiar a empresas en detrimento del instituto y un uso inadecuado de los sistemas informáticos en las subastas electrónicas.

No se trata de la corrupción del pasado; es la podredumbre morenista del presente. El Indep es una de las instituciones creadas por el presidente López Obrador como modelo de combate a la corrupción y que hoy se convirtió precisamente en un ejemplo de corrupción y desorden generalizado en sus funciones sustantivas; han terminado por robarse lo robado sin devolución alguna al pueblo.

Según el Presidente, “la lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación, eso es lo que pedimos”. No se trata de abrazar dogmas sino de respetar leyes. Lo que millones de mexicanos queremos es la obediencia y lealtad al Estado de Derecho.

Sin duda, en un gobierno de ciegos, el Presidente es rey.

Diputado federal del PRI

Facebook.com/HectorYunes

Instagram: hectoryuneslanda

El jueves pasado, tras la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el presidente López Obrador pidió “lealtad ciega” a su proyecto de gobierno. La exigencia del mandatario a sus colaboradores no sólo es un acto de autoritarismo, también es contrario a la ley.

La “obediencia ciega” que acusó el hoy exfuncionario e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, rechaza el deber básico e irrenunciable de todo servidor público: el de cumplir y hacer cumplir la ley. Al igual que otros personajes que han renunciado al gabinete, Cárdenas aludió a la misma razón: hay una exigencia presidencial de tomar atajos en la Constitución y las leyes, sustituyéndolas por su voluntad personal.

Por la naturaleza de nuestro sistema político, el ejercicio del gobierno suele reflejar el estilo personal del gobernante. Sin embargo, su desempeño siempre debe inscribirse en el principio de legalidad, el cual establece que todo acto de los órganos del Estado debe enmarcarse en el derecho vigente.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido por medio de jurisprudencia firme que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. La “obediencia y lealtad ciega” no son normas ni criterios establecidos en las leyes, por el contrario, es precisamente lo que se quiere evitar con los mecanismos de control constitucional.

Exigirla a funcionarios públicos es ilegal y sólo se concibe en un gobierno imperial, monárquico o tirano. ¿Son estas las alternativas que nos ofrece la 4T?

Contrario a lo que sugiere López Obrador, el respeto al Estado de Derecho y la representación de los intereses de los mexicanos no son contrarios, tampoco enemigos. Respetar la ley no significa actuar en contra de la voluntad de los ciudadanos; cumplir con el principio de legalidad es el primer acto de lealtad y obediencia al pueblo.

La sociedad no elige a sus gobernantes para que violen la ley. Sin embargo, invocar una “obediencia ciega” a los funcionarios públicos es un llamado a la ilegalidad, a saltarse la ley y hacer excepciones para satisfacer los intereses del mandatario.

Hasta ahora, nadie tiene la más peregrina idea de lo que significa la Cuarta Transformación. Más allá de un discurso revanchista y polarizante, lo que los mexicanos entendemos por la 4T no es más que un gobierno errático, de buenos propósitos que contrasta con la realidad y que carece de un proyecto de nación. Por tanto, una idea difusa y desarticulada no puede estar nunca por encima de la Constitución y sus normas.

Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les faculta. Ni la “lealtad” ni la “obediencia ciega” pueden sustituir este principio que impide que la autoridad ejerza su voluntad más allá de la propia norma.

Las autoridades de gobierno deben actuar en el ámbito de sus atribuciones y competencias, nunca más allá, es decir, su actuación se realiza atento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales y no pueden ejercer atribuciones que no tienen expresamente reconocidas en la ley. Aludir a la voluntad popular para dejar de cumplir a la Constitución es un acto de perversa ilegalidad. Eso es precisamente lo que están acusando quienes han abandonado el barco de la 4T.

No sobra recordar que en su carta de renuncia, Cárdenas dijo que detectó presuntos robos de algunos bienes decomisados, contrataciones para beneficiar a empresas en detrimento del instituto y un uso inadecuado de los sistemas informáticos en las subastas electrónicas.

No se trata de la corrupción del pasado; es la podredumbre morenista del presente. El Indep es una de las instituciones creadas por el presidente López Obrador como modelo de combate a la corrupción y que hoy se convirtió precisamente en un ejemplo de corrupción y desorden generalizado en sus funciones sustantivas; han terminado por robarse lo robado sin devolución alguna al pueblo.

Según el Presidente, “la lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación, eso es lo que pedimos”. No se trata de abrazar dogmas sino de respetar leyes. Lo que millones de mexicanos queremos es la obediencia y lealtad al Estado de Derecho.

Sin duda, en un gobierno de ciegos, el Presidente es rey.

Diputado federal del PRI

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Instagram: hectoryuneslanda