Felipe Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, dio a conocer la obtención de 12 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte a los que se acusa de peculado.
Como era de esperarse, don Felipe se abstuvo de mencionar los nombres de los sospechosos con el fin de no entorpecer la investigación ni violar su presunción de inocencia, pero adelantó que son personas que manejaron recursos de partidas federales.
Con este dato uno imagina sobre quiénes va la dependencia. Pero ¿por qué hasta ahora? Porque hubo mano negra en la investigación e integración de las carpetas.
Muñoz Vázquez dijo que hace dos años, cuando llegó a esa oficina y ordenó la revisión de varios casos, se encontró con que en unos no había seguimiento y en otros había errores garrafales y posiblemente intencionales. “Había carpetas de investigación que ni siquiera estaban integrándose, y cuando ya estaban integradas parecía que la intención era que no salieran bien”.
Éstas son las primeras (de entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas promovidas por la Auditoría Superior de la Federación) que se integran con éxito ante un juez.
¿Qué sigue ahora? Ir por los presuntos responsables que a estas horas o ya huyeron o traen más amparos en la bolsa que baches hay en Xalapa.
El problema es el tiempo; Muñoz Vázquez sabe que en menos de dos meses habrá cambios en todas las dependencias de gobierno y lo más seguro es que tanto él como sus investigadores se vayan.
Otro problema es la acusación. De acuerdo con el Código Penal el delito de peculado no es considerado como grave y la pena es de tres meses a 14 años de prisión. Esto lo saben al menos un par de exfuncionarios acusados de haber robado, desviado o malversado (o las tres cosas juntas) más de 2 mil millones de pesos, que podrían defenderse en libertad.
Es decir, en caso de ser detenidos, se armará la batahola mediática, estarán unos meses en prisión y después saldrán doblados de la risa a rascarse la barriga desde la comodidad de sus hogares, mientras sus abogados hacen su chamba.
Pero no todo es pesimismo. Lo bueno de este anuncio es que las carpetas de investigación están muy bien elaboradas (nada que ver con las que se hacen en la Fiscalía veracruzana). Y un buen trabajo de la PGR permitirá que estos presuntos bandidos purguen la pena máxima de 14 años y devuelvan lo sustraído si son encontrados culpables.
¿Es para Javier Duarte una de esas 12 órdenes de aprehensión? Eso sí lo pudo contestar Felipe Muñoz y no, Javier no tiene orden de aprehensión por peculado.
Sin embargo —manifestó el funcionario— los casos continúan bajo investigación y si en su momento resulta responsable se solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (principio que impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder proceder en su contra.
Tantito que le escarbe don Felipe y sabrá que Duarte malversó caudales públicos y se apropió indebidamente de dinero perteneciente al Estado, es decir, que cometió peculado.
Y si la PGR pide a Guatemala una excepción al principio de especialidad por ese delito, deberá aprovechar el viaje y agregarle el de desaparición forzada, porque pudiera ser que el exgobernador esté embarrado en más de uno de esos abominables crímenes. Y nada como salir de dudas.
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