/ viernes 2 de abril de 2021

¡Es ahora o nunca!

Decidido a transformar la realidad que se vive en el país luego de años y años de saqueo y corrupción, donde unos cuántos se hicieron de inmensas fortunas al amparo del poder en detrimento de la inmensa mayoría de mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado pasos en la dirección correcta para devolver al Estado la rectoría de los bienes que son de todos, principalmente en materia eléctrica y ahora en cuanto a los hidrocarburos.

Tuvieron que pasar más de 30 años para que alguien como López Obrador se diera a la tarea de devolver al pueblo lo robado. Y cuando digo que el presidente López Obrador está decidido a devolver al pueblo lo robado me refiero a que tanto en materia de generación eléctrica como en cuanto al petróleo, a través de artilugios legales empresas establecieron condiciones francamente desventajosas para la nación.

De ahí que recientemente, aunado a la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que se encuentra todavía en debate, pues seguramente llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador presentó una nueva reforma, pero ahora en cuanto a los hidrocarburos que, por ley, son propiedad de la nación.

En la exposición de motivos de esta reforma, el presidente de la República indica que “resulta necesario que el Estado como garante de la seguridad y soberanía energética, y palanca de desarrollo nacional cuente con los mecanismos adecuados para que la Sener y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Destaca, además, que “en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y petrolíferos se busca perseguir y sancionar a los expendedores que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias a derecho, cuyo objetivo principal es el lucro económico al margen de la ley, que lesiona y pone en peligro diferentes bienes jurídicos tutelados en la materia. En este sentido, se ha buscado combatir a los expendedores que adquieren combustibles robados a un precio menor del que pagarían por combustibles de origen legal, afectando a la industria y al erario público”.

Más adelante el mandatario federal expresa que “además del contrabando simple descrito anteriormente, se ha detectado el ‘contrabando técnico’ mediante el cual entran las mercancías subvaluadas con el fin de omitir el pago de gran parte de la cuota compensatoria. De acuerdo con un estudio de una empresa consultora independiente, el fisco federal perdió 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios durante 2020, debido al contrabando de combustibles que se presentó en dicho año, mediante la internación de una cifra cercana a los 40 mil barriles diarios en diciembre”.

Es ahora o nunca. El presidente López Obrador está haciendo lo correcto para poner orden en el sector energético luego de años y años de abuso contra los bienes y recursos nacionales. Se necesita de un gran valor y una enorme honorabilidad, como la que posee el presidente de la República, para enfrentar el grave flagelo del robo de combustibles, tanto por delincuentes comunes como los de cuello blanco, que son los más lesivos. En esta cruzada por la honestidad y el combate a los excesos, el presidente cuenta con el respaldo de quienes están a favor de la patria y no en contra de ella.

Por el bien del país, ojalá tanto la iniciativa de reforma en materia eléctrica, como ahora la relacionada con los combustibles, lleguen a buen puerto y los mexicanos veamos que, por fin, se hace justicia a la nación, luego de que pretendieron acabar con las dos empresas más importantes del Estado, como Pemex y CFE. No nos confundamos: si ambas paraestatales enfrentan serios problemas financieros, se debe a años y años de abuso; pretender ahora responsabilizar a un gobierno que apenas lleva dos años al frente del timón, es cerrar los ojos al pasado corrupto de funcionarios públicos que pretendían quebrar a estas empresas para hacer negocio con los particulares, pasando por encima del interés nacional.

Decidido a transformar la realidad que se vive en el país luego de años y años de saqueo y corrupción, donde unos cuántos se hicieron de inmensas fortunas al amparo del poder en detrimento de la inmensa mayoría de mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado pasos en la dirección correcta para devolver al Estado la rectoría de los bienes que son de todos, principalmente en materia eléctrica y ahora en cuanto a los hidrocarburos.

Tuvieron que pasar más de 30 años para que alguien como López Obrador se diera a la tarea de devolver al pueblo lo robado. Y cuando digo que el presidente López Obrador está decidido a devolver al pueblo lo robado me refiero a que tanto en materia de generación eléctrica como en cuanto al petróleo, a través de artilugios legales empresas establecieron condiciones francamente desventajosas para la nación.

De ahí que recientemente, aunado a la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que se encuentra todavía en debate, pues seguramente llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador presentó una nueva reforma, pero ahora en cuanto a los hidrocarburos que, por ley, son propiedad de la nación.

En la exposición de motivos de esta reforma, el presidente de la República indica que “resulta necesario que el Estado como garante de la seguridad y soberanía energética, y palanca de desarrollo nacional cuente con los mecanismos adecuados para que la Sener y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Destaca, además, que “en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y petrolíferos se busca perseguir y sancionar a los expendedores que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias a derecho, cuyo objetivo principal es el lucro económico al margen de la ley, que lesiona y pone en peligro diferentes bienes jurídicos tutelados en la materia. En este sentido, se ha buscado combatir a los expendedores que adquieren combustibles robados a un precio menor del que pagarían por combustibles de origen legal, afectando a la industria y al erario público”.

Más adelante el mandatario federal expresa que “además del contrabando simple descrito anteriormente, se ha detectado el ‘contrabando técnico’ mediante el cual entran las mercancías subvaluadas con el fin de omitir el pago de gran parte de la cuota compensatoria. De acuerdo con un estudio de una empresa consultora independiente, el fisco federal perdió 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios durante 2020, debido al contrabando de combustibles que se presentó en dicho año, mediante la internación de una cifra cercana a los 40 mil barriles diarios en diciembre”.

Es ahora o nunca. El presidente López Obrador está haciendo lo correcto para poner orden en el sector energético luego de años y años de abuso contra los bienes y recursos nacionales. Se necesita de un gran valor y una enorme honorabilidad, como la que posee el presidente de la República, para enfrentar el grave flagelo del robo de combustibles, tanto por delincuentes comunes como los de cuello blanco, que son los más lesivos. En esta cruzada por la honestidad y el combate a los excesos, el presidente cuenta con el respaldo de quienes están a favor de la patria y no en contra de ella.

Por el bien del país, ojalá tanto la iniciativa de reforma en materia eléctrica, como ahora la relacionada con los combustibles, lleguen a buen puerto y los mexicanos veamos que, por fin, se hace justicia a la nación, luego de que pretendieron acabar con las dos empresas más importantes del Estado, como Pemex y CFE. No nos confundamos: si ambas paraestatales enfrentan serios problemas financieros, se debe a años y años de abuso; pretender ahora responsabilizar a un gobierno que apenas lleva dos años al frente del timón, es cerrar los ojos al pasado corrupto de funcionarios públicos que pretendían quebrar a estas empresas para hacer negocio con los particulares, pasando por encima del interés nacional.

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