En la Cámara de Diputados ayer fueron aprobadas reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que el delito de extorsión sea investigado, procesado y sancionado como delincuencia organizada, por lo que será sancionado con mayor severidad.
Al respecto, el legislador Juan Carlos Villareal expuso que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2019, de un total de 33 millones de delitos, 5.7 millones se trataron de casos de extorsión bajo la figura del llamado derecho de piso.
Y nos dicen que ahora sí los diputados federales hicieron algo por Veracruz, pues nuestro estado es de los más afectados por las extorsiones, pues estamos entre los cinco más afectados: Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, en ese orden.
Además, ahora que está el confinamiento por el coronavirus, ese delito se ha mantenido en niveles muy altos y el Banco de México ha señalado que, en el sur del país, una de cada cinco empresas reportó haber sido víctima de extorsión.
Ojalá este cambio en la ley incida en que bajan los índices de ese delito que tanto lastima a los veracruzanos, nos comentan.
Con motivo de la próxima contienda electoral, nos exponen que con seguridad en las diversas regiones del solar jarocho un buen número de suspirantes a cargos de elección popular empezarán a difamar, calumniar y a manejar todo tipo de información contraria a los adversarios políticos que consideran los enemigos a vencer.
Incluso nos hacen ver un ejemplo, en la zona norte, donde ya han visto circular algunos ataques de ese tipo en contra de Ricardo García Guzmán, quien debe estar acostumbrado a que en esta época le realicen todo tipo de señalamientos, desde que es delincuente hasta deshonesto, sin embargo, nos dicen, el panuquense no se raja.
Quienes lo conocen saben que es hombre serio, formado académica y profesionalmente, que no responde a agravios, pero sí responde en la contienda electoral, pues nos señalan que así lo demuestran los resultados que ha obtenido el equipo político que lidera, con más de media docena de triunfos al hilo.
Nos recuerdan que este controvertido personaje, muy atacado en época de elecciones, es poseedor de maestrías en Finanzas y Administración Pública, con doctorado en Administración Pública, catedrático, conferencista y que ha sido presidente del Colegio de Contadores Públicos, vicepresidente del Instituto de Administración Pública, cinco años consecutivos premio a la Excelencia Profesional otorgado por Cámaras y organismos del sector empresarial de Veracruz, autor de ocho libros y medalla José Flores que entrega la Facultad de Comercio de la UV.
Quizá ese brillo de este político proveniente de la academia, como lo describió Humberto Musacchio en su libro Quién es quien en la política mexicana, sea el motivo por el que sus adversarios lo atacan constantemente en época electoral, lo cual por cierto, nos hacen ver, no ha servido de mucho.
Al comparecer ayer el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ante diputados, la legisladora jarocha Anilú Ingram dejó este cuestionamiento en el aire:
“La atención financiera y las ambiciones de inversión de Pemex han obligado a la empresa a refinanciar constantemente los pagos. Han seguido coloando bonos muy a pesar de que las agencias han rebajado considerablemente la calificación, con un grado de especulación de Moody´s y Fith Rating, y uno de inversión de Standard and Poor´s.
“Al final ¿qué quiere decir esto en blanco y negro? Significa que Pemex no puede pagar su deuda. Este año se observó una caída del 55.8% de sus ingresos respecto al año pasado y cuenta también con la peor caída en producción en más de 40 años”.
Así está Pemex, de acuerdo a la diputada veracruzana y a muchos otros especialistas, nos dicen.
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