Los informes de la fiscalización correspondientes a la cuenta pública 2018 que presentó el extitular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, tienen datos que resultan muy interesantes: el presunto daño patrimonial que habría causado la mala administración del último año de gobierno de Miguel Angel Yunes Linares alcanza los 4 mil 500 millones de pesos y de esta cifra destacan varios rubros, como el correspondiente al fallido sistema de videovigilancia, que implica un presunto daño por mil 108 millones de pesos; la reestructura de la deuda pública por más de 900 millones de pesos, sumados a los más de 560 millones de pesos detectados en Sefiplan; los casi 400 millones desviados en la SEV, los 230 millones en Sesver y las demás dependencias que sin duda revelan un desaseo financiero.
Al final, las irregularidades fueron descubiertas y documentadas por el Orfis.
Lo que sin duda destaca es la adquisición de diversos equipos, programas y sistemas de espionaje que incluyen vigilancia en redes sociales con hasta 35 mil búsquedas, reconocimientos de voz y facial e incluso monitoreo para Redes Wi-Fi.
Se sabía que uno de los rubros que más adicción causaba al exgobernador era el espionaje; sin embargo, nadie había revelado los costos de tan caprichoso recurso para detentar el poder.
De acuerdo con el reporte del Orfis, el gobierno yunista dispuso de 365 millones de pesos para la adjudicación directa por excepción de ley para la adquisición de equipos especializados y para la capacitación correspondiente.
El gobernante había ordenado las compras a las empresas Systemtech Sistemas Tecnológicos, Blindarte S de RL de CV, Alta Prevención WT México, Sistemas Integrales Computarizados y Grupo Profesional Shalom, quienes vendieron dichos equipos, programas y sistemas.
Hoy sabemos, gracias al ente fiscalizador, que el gobierno de Veracruz cuenta con Sistema de Inteligencia para Identificación de Metadata de Objetivos, Sistema de Monitoreo, Sistema de Análisis de Imágenes y Videos con Aprendizaje Profundo, Sistema Forense de Identificación de Usuarios y Redes de Vínculos, además de un Sistema para Protección de las Tecnologías de la Información, Sistema de Análisis de Voz en Reacciones Emocionales, Sistema de Análisis de Video con Reconocimiento Facial, Sistema de Soporte Técnico en Monitoreo y Vigilancia, y un Sistema de Monitoreo de Redes Sociales.
Todo un universo de herramientas y aplicaciones para ejercer el espionaje con el argumento de favorecer acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que en el gobierno anterior estuvo encabezada por Jaime Téllez Marié, amigo fiel y cercanísimo colaborador de Yunes Linares.
Lo que falló a los espías del Estero fue cumplir con las formalidades de ley para la compra de dichos juguetitos, que deberán ser auditados ya de manera integral; es decir, con revisiones de carácter financiero, presupuestal, de legalidad, desempeño e informática que permita determinar que los bienes o sistemas adquiridos representan en la actualidad un eficiente servicio y beneficio a las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
Ésta es una misión para la nueva auditora, Delia González Cobos, quien tiene ya un camino abierto por su antecesor para encontrar más pistas para desnudar el tema del espionaje y los sistemas pagados con el dinero público en el gobierno de Yunes Linares. @luisromero85
