El paso de las dos administraciones gubernamentales que presidieron Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto dejaron una amarga experiencia en el país al convertir el problema de la inseguridad nacional, ocasionada por la delincuencia organizada, en uno de los pendientes con que recibió la presidencia de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Calderón declaró la guerra a las bandas criminales y, en general, a los traficantes de drogas, obteniendo un apoyo económico importante de Estados Unidos, con el compromiso de modernizar y equipar a la policía y al Ejército para atacar los plantíos de mariguana e impedir el paso de los cargamentos de droga por la extensa frontera de México.
Ahora se sabe que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es acusado de mantener nexos con los principales capos de la mafia, razón por la cual la estrategia fracasó y el exfuncionario se encuentra sujeto a un proceso penal en la ciudad de Nueva York, casualmente en el mismo juzgado donde fue sentenciado a cadena perpetua el narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Igualmente la calificación reprobatoria para el gobierno pasado provino del pueblo, “que nunca se equivoca”, razón que aportó a la derrota electoral del PRI y sus aliados, como el Verde Ecologista, a la llegada a Palacio Nacional del presidente López Obrador.
Han transcurrido casi un año y ocho meses del gobierno autodenominado de la “Cuarta Transformación” y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la estrategia para combatir con “abrazos, no balazos” a la delincuencia, con resultados a la vista de todos francamente desastrosos. Es verdad que la violencia sólo genera más violencia y que el “ojo por ojo”, experimentado en la antigüedad y consignado en el Código de Hammurabi, no funcionó, porque la venganza privada jamás tendría fin.
En los estados modernos, las fuerzas policiacas y de seguridad pública son el instrumento del gobierno para investigar delitos, mantener el orden público y repeler acciones de resistencia que alteran la tranquilidad ciudadana.
En México, el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas; por consiguiente, toda la responsabilidad para acabar con la delincuencia e imponer el orden público es, por ahora, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hasta el 30 de noviembre de 2024. Vamos a ver qué sigue después de la pandemia y la quiebra económica nacional.
