La antítesis de la política es la renuncia al diálogo, la opción de la confrontación como primera instancia y el desprecio de la realidad que enfrentan los ciudadanos.
El ahora exsecretario Alfonso Durazo intentó pasar por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sin sobresaltos. Sin planteamientos estratégicos o de la política pública que lo desgastaran.
Menos de dos años estuvo al frente de esa dependencia. Deja atrás, sin resolver, la agenda más urgente y trascendental de este país para dedicarse a lo que en realidad quería: la gubernatura de Sonora.
Sin ocupar un rol operativo por el cual tuviera que asumir responsabilidades. Sin diálogo con las víctimas que lo expusiera a reclamos. Sin incomodar al Presidente con objeciones frente a la militarización o a los recortes presupuestales. Sin problemas. Sin agenda. Sin impacto.
Se dedicó, fundamentalmente, a ser el vocero de las cifras delictivas. Cifras que, además, comunicó de forma deshonesta. Primero, presumiendo como un éxito la “contención” de la violencia, en los niveles más altos de nuestra historia reciente. Luego, adjudicándose la reducción de los delitos que en realidad se desplomaron debido a la pandemia.
Sería injusto, no obstante, decir que su paso por esta dependencia fue intrascendente. El secretario Durazo dejó huella. Su herencia se refleja en el desmantelamiento del aparato civil de seguridad del gobierno federal. Un legado tan innegable como nocivo.
Todo vacío de poder se ocupa y el que permitió Alfonso Durazo lo aprovechó el Ejército. Pasamos de tener una Policía Federal que servía como contrapeso de las Fuerzas Armadas, a una Guardia Nacional que no es otra cosa que el aumento del despliegue de la Sedena. Lo mismo sucedió con el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), que a pesar de estar adscrito a la SSPC, ha quedado en manos de un militar en retiro.
Así, la autoridad civil se quedó sin rol operativo, y, por lo tanto, se amputó también su poder político.
Antes, por lo menos, se podía condicionar el apoyo de la Policía Federal a los estados a cambio de reformas policiales y de justicia; hoy la secretaría federal encargada de esas agendas se ha quedado sin Zanahoria y sin garrote.
Esa es la SSPC que va a heredar Rosa Icela Rodríguez: una dependencia sin las herramientas necesarias para hacer política de seguridad pública o reconducir la estrategia operativa de seguridad interior, una secretaría cuya función se ha reducido a contar delitos y plantear protocolos que muchas veces quedan en el papel ante su reducido peso frente a los gobiernos estatales.
Rosa Icela Rodríguez puede arribar con la intención de encabezar un modelo de coordinación, información y despliegue similar al que operó en la CdMx o buscar impulsar reformas de largo aliento como la de las policías locales. Sin embargo, si aún no lo sabe, pronto se dará cuenta de que la institución a la que llega juega un rol secundario debido a su falta de fuerza operativa, a la reducción de sus recursos presupuestales y a la pérdida de interlocución con los gobernadores, que hoy saben que tienen que tocar la puerta de los militares.
Lo cierto es que Durazo no es el único culpable de ese desmantelamiento. Fue algo aprobado e impulsado por el propio Presidente.
Por eso recompensó a Durazo con una candidatura; porque supo comportarse como al mandatario le gusta: con lealtad y sumisión. Ahora le tocará en 2021 a los sonorenses decidir si ellos también quieren premiar al sumiso exsecretario.
