La historia se repite en cada cambio de administración municipal: los alcaldes que inician funciones denuncian irregularidades en la entrega-recepción; y en casos extremos, reciben el parque vehicular destrozado; las cuentas bancarias en blanco; y el equipo de oficina, saqueado.
Es el año de Hidalgo en su máxima expresión. Los nuevos ediles reciben oficinas sin mobiliario e inmuebles sumamente deteriorados.
Por supuesto, hay excepciones, pero en general, las denuncias se repiten en cada cambio de administración.
Dos casos recientes se registran en Las Vigas y Juchique de Ferrer, municipios cercanos a la capital veracruzana.
Este jueves, el nuevo presidente municipal de Las Vigas de Ramírez, José de Jesús Landa Hernández, se quejó por un presunto saqueo de los recursos del Ayuntamiento por parte de su antecesor, Lino Cruz Romero, quien habría cargado con todo.
La administración de Lino Cruz Romero un cubrió ni la segunda quincena de diciembre ni el bono de fin de año a los trabajadores, señaló el edil del lugar.
Las Vigas, dijo, tuvo un ayuntamiento deficiente y denunció un presunto desvío de recursos por parte del ex alcalde, quien no pagó el Impuesto Sobre la Renta, más de 219 mil pesos, más recargos. No sólo eso: "Fueron irresponsables al no haber pagado desde 2019 el impuesto del 3 por ciento a la nómina, generando posibles créditos injustificados en perjuicio del Ayuntamiento, vislumbrando una ineptitud como servidores públicos y deslealtad".
El ex alcalde Lino Cruz salió de un taller mecánico al Ayuntamiento; era la historia de un hombre que en 2017 cosechó el respaldo de sus coterráneos y cuatros años después dejó un gobierno municipal abandonado, sin resultados.
El nuevo alcalde señala que prácticamente todo el parque vehicular está inservible: “sólo están los cascarones de cuatro motos”; la policía del lugar dispone únicamente de una patrulla, pero ésta no se encuentra en buenas condiciones.
No recibieron las nuevas autoridades papelería ni mobiliario y del equipo de cómputo mejor ni hablar.
Algo parecido ocurrió en el municipio de Juchique de Ferrer, ubicado a menos de 100 kilómetros de la capital del Estado.
En este lugar, el alcalde José Cruz Ulises Cuevas Hernández denunció públicamente que quien le antecedió en el cargo, la perredista Lizbeth Portilla Gumercindo, quedó a deber tres quincenas a los trabajadores municipales.
Sostuvo el edil que no recibió parque vehicular y que los recursos públicos del Ayuntamiento fueron saqueados. No hay muebles y los anteriores funcionarios cargaron hasta con la caja fuerte.
Lo que sí dejó la alcaldesa fueron facturas por la compra de vinos, abrigos y calzado con más de 27 mil pesos.
A la comandancia de policía le cortaron la energía eléctrica y los baños quedaron destrozados.
En este lugar, el tesorero Juan José Chávez Hernández señaló que los daños ascienden a casi medio millón de pesos.
Lo peor es que la nueva administración no encontró computadoras para realizar el cobro del impuesto predial: “No tenemos para imprimir; se llevaron hasta la engrapadora. Se llevaron el equipo informático, las tintas, el escritorio…”
En el Palacio Municipal de Juchique de Ferrer ni siquiera hay mesas y sillas.
Por si fuera poco, el parque vehicular no aparece. El tesorero dice que no se cuenta con los expedientes de las unidades; que la retroexcavadora fue vendida en un millón de pesos; y el camión de volteo, en 800 mil pesos.
Es el año de Hidalgo en su máxima expresión; los nuevos alcaldes adelantan que habrá denuncias y, en todo caso, la pelota estará en la cancha del Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, y de la Fiscalía General del Estado.
