El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha reportado un incremento de más de cuatro millones de contribuyentes, que sumados a los 61 millones de personas que pagan sus impuestos, representan cerca del 50% de la población en general.
Por otra parte, la mitad de los contribuyentes cautivos, según reporte del SAT, son asalariados; incluyendo a las personas físicas, más las empresas o personas morales que han generado un crecimiento en la recaudación de aproximadamente el 17.7%.
De las entidades federativas que aportan la mayor contribución por actividades productivas son la CDMX, el EdoMex, Jalisco y Nuevo León y según los registros del SAT, las actividades económicas que cubren la mayor contribución se relacionan con la prestación de servicios, industria manufacturera y el ejercicio del comercio. Lo recaudado en el ejercicio fiscal de 2019 resultó insuficiente para cubrir los compromisos del gobierno.
Las expectativas económicas para 2020, según la política monetaria del Banco de México, ha dado pauta a quienes auguran una posible quiebra financiera nacional, como la del “error de diciembre de 1994”, atribuida al presidente Ernesto Zedillo y ejecutada por el secretario de Hacienda Jaime Serra Puche.
La devaluación del peso frente al dólar, como consecuencia del manejo erróneo y corrupto de las finanzas públicas, no puede ni debe repetirse en el gobierno de la 4ª Transformación, porque la caída del peso en los mercados internacionales ocasionaría el desencanto y la pérdida de confianza de todos los mexicanos con el actual gobierno.
Combatir la corrupción y adelgazar el gasto público constituyen las bases para el cumplimiento de las políticas asistenciales de AMLO; aunque ya se vio que ni quitándoles a los exfuncionarios y narcos sus riquezas, para devolver al pueblo lo robado, alcanzará para cubrir los compromisos en favor de los pobres.
De ahí que resulta necesaria y urgente una reforma fiscal que haga cumplir estrictamente a los mexicanos la obligación contenida en el artículo 31 Fracción IV Constitucional, obligación que consiste en el pago de contribuciones para el gasto público de la Federación, estados y municipios.
Por lo que resulta ineludible para aumentar los ingresos y fortalecer la Hacienda pública, una reforma fiscal que cumpla con las bases jurídicas constitucionales comentadas y los acuerdos emanados de la Convención Nacional Hacendaria celebrada en año 2004.
