/ viernes 18 de octubre de 2019

FGE, los excesos del poder

En la Fiscalía General del Estado corren nuevos tiempos. Tras la salida de Jorge Winckler y el nombramiento de Verónica Hernández Giadáns, las áreas del órgano encargado de la procuración de justicia en Veracruz comienzan a registrar un cambio con la finalidad de superar el enorme rezago que prevalece en los ministerios públicos.

Este jueves el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aportó datos interesantes sobre el funcionamiento de la Fiscalía; dijo que durante los primeros 13 días del presente mes se han cumplido 135 órdenes de aprehensión, sin contar con las capturas logradas por la Secretaría de Seguridad Pública, que actúa cuando se presenta la condición de flagrancia en el delito.

Como sea, el promedio de la Fiscalía, a través de la Policía Ministerial, es de 10 órdenes de aprehensión cumplidas cada día.

El Ejecutivo veracruzano reveló que había más de 100 órdenes de aprehensión prácticamente escondidas por el exfiscal que fuera destituido el pasado 3 de septiembre. Agregó que el mensaje que se envía a la sociedad es en el sentido de que en Veracruz se terminó la impunidad”.

El tema es mucho más delicado de lo que podría pensarse: fuentes internas de la dependencia aseguran que el rezago heredado por el exfiscal es enorme; hay más de 40 mil expedientes que no se subieron a la plataforma y el rezago podría superar los 50 o incluso 60 mil.

Eso sin contar los excesos cometidos por los anteriores responsables de esas oficinas: Jorge Winckler y Marcos Even Torres Zamudio, exfiscal anticorrupción, cobraban casi 300 mil pesos mensuales, un insulto para más de cinco millones de veracruzanos que sobreviven en condición de pobreza.

Ahora, gracias a ese cambio en la Fiscalía, se sabe que al exfiscal, quien hoy es considerado prófugo de la justicia, lo cuidaban más de 40 elementos.

Si para eso ocupaban los recursos, el presupuesto disponible, se entiende perfectamente el rezago que prevalece y que hoy se busca acabar.

Ha trascendido, de igual manera, que mientras Winckler contaba prácticamente con un pelotón a su disposición, el órgano autónomo funcionaba con 400 vacantes.

No es todo, en la revisión ordenada por parte de la nueva titular, Verónica Hernández, se detectó una enorme carga burocrática.

Así estaban las cosas en la Fiscalía de Veracruz, entidad donde sólo durante los primeros ocho meses del año se integraron más de 33 mil carpetas de investigación.

Lo peor es que una fiscalía tan evidentemente deficiente, como la encabezada por Winckler, permitía que la cifra negra, delitos que se cometen y no se convierten en denuncia, sea muy elevada.

De hecho, la entidad veracruzana es la tercera con la mayor cifra negra; estimaciones del Semáforo Delictivo indican que en el estado ese índice se ubica en 94.8. Ello quiere decir que de cada 100 delitos que se cometen, sólo 5.2 se convierten en denuncias y, por tanto, en carpetas de investigación.

Se estima que por cada denuncia por extorsión, hay seis casos que no llegan al Ministerio Público; por cada violación hay cinco ataques sexuales que no se convierten en carpetas de investigación; y por cada secuestro, hay cuatro que permanecen impunes porque las víctimas no recurren a la autoridad, por temor o desconfianza.

De ese tamaño es el daño ocasionado en la Fiscalía de Veracruz. @luisromero85

En la Fiscalía General del Estado corren nuevos tiempos. Tras la salida de Jorge Winckler y el nombramiento de Verónica Hernández Giadáns, las áreas del órgano encargado de la procuración de justicia en Veracruz comienzan a registrar un cambio con la finalidad de superar el enorme rezago que prevalece en los ministerios públicos.

Este jueves el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aportó datos interesantes sobre el funcionamiento de la Fiscalía; dijo que durante los primeros 13 días del presente mes se han cumplido 135 órdenes de aprehensión, sin contar con las capturas logradas por la Secretaría de Seguridad Pública, que actúa cuando se presenta la condición de flagrancia en el delito.

Como sea, el promedio de la Fiscalía, a través de la Policía Ministerial, es de 10 órdenes de aprehensión cumplidas cada día.

El Ejecutivo veracruzano reveló que había más de 100 órdenes de aprehensión prácticamente escondidas por el exfiscal que fuera destituido el pasado 3 de septiembre. Agregó que el mensaje que se envía a la sociedad es en el sentido de que en Veracruz se terminó la impunidad”.

El tema es mucho más delicado de lo que podría pensarse: fuentes internas de la dependencia aseguran que el rezago heredado por el exfiscal es enorme; hay más de 40 mil expedientes que no se subieron a la plataforma y el rezago podría superar los 50 o incluso 60 mil.

Eso sin contar los excesos cometidos por los anteriores responsables de esas oficinas: Jorge Winckler y Marcos Even Torres Zamudio, exfiscal anticorrupción, cobraban casi 300 mil pesos mensuales, un insulto para más de cinco millones de veracruzanos que sobreviven en condición de pobreza.

Ahora, gracias a ese cambio en la Fiscalía, se sabe que al exfiscal, quien hoy es considerado prófugo de la justicia, lo cuidaban más de 40 elementos.

Si para eso ocupaban los recursos, el presupuesto disponible, se entiende perfectamente el rezago que prevalece y que hoy se busca acabar.

Ha trascendido, de igual manera, que mientras Winckler contaba prácticamente con un pelotón a su disposición, el órgano autónomo funcionaba con 400 vacantes.

No es todo, en la revisión ordenada por parte de la nueva titular, Verónica Hernández, se detectó una enorme carga burocrática.

Así estaban las cosas en la Fiscalía de Veracruz, entidad donde sólo durante los primeros ocho meses del año se integraron más de 33 mil carpetas de investigación.

Lo peor es que una fiscalía tan evidentemente deficiente, como la encabezada por Winckler, permitía que la cifra negra, delitos que se cometen y no se convierten en denuncia, sea muy elevada.

De hecho, la entidad veracruzana es la tercera con la mayor cifra negra; estimaciones del Semáforo Delictivo indican que en el estado ese índice se ubica en 94.8. Ello quiere decir que de cada 100 delitos que se cometen, sólo 5.2 se convierten en denuncias y, por tanto, en carpetas de investigación.

Se estima que por cada denuncia por extorsión, hay seis casos que no llegan al Ministerio Público; por cada violación hay cinco ataques sexuales que no se convierten en carpetas de investigación; y por cada secuestro, hay cuatro que permanecen impunes porque las víctimas no recurren a la autoridad, por temor o desconfianza.

De ese tamaño es el daño ocasionado en la Fiscalía de Veracruz. @luisromero85

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