Desde hace un par de meses en la Secretaría de Educación de Veracruz brotó el escándalo de las tiendas escolares, que se habrían manejado de manera discrecional y opaca durante la pasada administración.
El asunto llegó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que al revisar la cuenta pública 2017 detectó irregularidades por al menos 11 millones de pesos que generaron esas tiendas, pero cuyo destino resulta incierto.
Nadie sabe, con exactitud, dónde está el dinero que produjeron las tiendas ubicadas en las escuelas veracruzanas; más bien casi nadie, porque quienes se beneficiaron con el manejo de esos espacios sí conocen el fondo del tema.
En 10 de junio del presente año el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, se refirió a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos en esa dependencia y comentó que se investigaba el destino del dinero que generaron mil 937 tiendas escolares, de las dos mil 796 existentes en Veracruz.
El asunto relacionado con las tiendas escolares llegó a la Legislatura del Estado, donde en junio pasado se aprobaron reformas al Código Financiero de Veracruz, a efecto de que la SEV asuma el control de los ingresos y se garantice que el 70% de los mismos se aplique en el mantenimiento de las escuelas veracruzanas. Fue un intento del Congreso por evitar el manejo discrecional de los recursos que representan las tiendas.
En el seguimiento a ese escándalo, revelado originalmente por el titular de la SEV, este 7 de agosto se dieron a conocer los resultados del proceso de licitación “para la prestación del servicio de la venta de alimentos en las escuelas de secundaria y bachilleratos públicos del estado”.
Para tal efecto, la dependencia había emitido con anticipación los Lineamientos Generales para la Concesión de venta de alimentos por particulares, recepción, administración, distribución y comprobación de los ingresos obtenidos en las tiendas escolares dentro de los planteles públicos del nivel educativo de secundaria y bachillerato general, que establecen básicamente cinco criterios básicos: el monto de la cuota, los precios de los productos, la variedad y el valor nutricional de los productos y alimentos ofrecidos, la experiencia favorable en los planteles, y los apoyos brindados.
Por supuesto, en procesos como el mencionado, generalmente surgen inconformidades de las empresas o personas que buscan esos contratos; sin embargo, entre la opacidad y la discrecionalidad total que existía en el pasado y el intento de las actuales autoridades por transparentar el tema hay una distancia abismal.
Jurista habla sobre el proceso del Orfis
Ante algunas críticas a la posible permanencia del actual titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, en el cargo, y a un supuesto impedimento del funcionario para aspirar a un segundo periodo, surgen voces de especialistas en materia legal que han abordado el tema y aclarado la confusión.
Arturo Miguel Chipuli Castillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, quien goza de prestigio y reconocimiento en el ambiente de los abogados, puntualizó que Lorenzo Antonio Portilla puede continuar al frente del Orfis, en virtud de que la ley vigente al momento de su nombramiento permitía la reelección o la continuidad.
Señala el jurista que al momento de ser nombrado Lorenzo Antonio Portilla, la ley veracruzana permitía la reelección en el cargo.
“Tanto la Constitución local como la ley anterior establecían la pertinencia, la existencia o la posibilidad de la reelección para el titular de este órgano”, sostuvo, con lo que echa abajo las críticas de quienes han sostenido una supuesta imposibilidad de Portilla Vázquez para permanecer en el Orfis. @luisromero85
