/ viernes 28 de agosto de 2020

Garrote contra críticos

No habrá alguien en Veracruz o en el país...

Fuera de los que tienen compromiso político o moral por cercanía laboral o familiar, o se beneficien de los cargos de los funcionarios,que esté de acuerdo en que el poder público conceda el derecho a cometer violaciones a la ley y,

Entre ésas, al derecho más sagrado que otorga la democracia: la libertad en su más amplia acepción. Si la ley se pervierte a conveniencia por quienes ejercen transitoriamente el poder, que son los más obligados a respetarla, las cosas no pueden estar bien. Esto acaba de ocurrir hace unos días con una inicial velada amenaza lanzada contra la ejecutiva de un medio de comunicación en el puerto de Veracruz, debido a la publicación de una opinión editorial que no agradó al secretario de Gobierno, Éric Patronicio Cisneros Burgos, y generó un exabrupto. “El que se lleva, se aguanta; así es esto”, escribió vía whatsapp el principal colaborador del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a Bertha Rosalía Ahued Malpica. “Así es esto, saludos”, remató en ese mensaje, y tras la recriminación y advertencia, a las oficinas del periódico llegó un requerimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado a la empresa Comercial Berman, SA de CV, para presentarse la dueña el jueves 27 (ayer) a las 10 horas con 15 minutos a la Oficina de Hacienda de Veracruz para recibir un oficio de la Subsecretaría de Ingresos de la Sefiplan, se entiende que para el requerimiento de pago de algún impuesto que no hizo esa empresa, lo cual, aunque dentro de la ley si se comprobara que efectivamente hubo omisión, equivale a un acto represivo por una crítica realizada al segundo de a bordo del gobierno veracruzano. El propio Cisneros lo hace ver en un tuit que publicó anteayer mismo, para tratar de hacer un control de daños por las reacciones en contra que provocó al conocerse esa amenaza al periódico. “En el desempeño del servicio público siempre me he conducido con respeto a la libertad de expresión y de información, entendiendo que son derechos humanos inalienables de todas y todos, de periodistas y directivos de medios de comunicación, aun cuando califican sin atino”. ¿Es esa una reacción sensata de un funcionario frente a una discrepancia de opinión? No, desde luego que no lo es. Un servidor público tendría que actuar con razonamiento frente a cualquier señalamiento que reciba, hacer uso de la propia ley que le da el derecho de réplica, sin soberbia ni recurrir a esos alardes de poder, como evidentemente no ocurrió en este caso y, al cumplir con la amenaza de: “el que se lleva se aguanta”, apretó por un tema fiscal a la empresa y a sus directivos. Es un aviso de que así se aplicará la ley en lo sucesivo, con un garrote para tratar de amedrentar a comunicadores y críticos, que son muchos, por los constantes errores que comete sus actos y dichos el polémico personaje.

opedro2006@gmail.com

No habrá alguien en Veracruz o en el país...

Fuera de los que tienen compromiso político o moral por cercanía laboral o familiar, o se beneficien de los cargos de los funcionarios,que esté de acuerdo en que el poder público conceda el derecho a cometer violaciones a la ley y,

Entre ésas, al derecho más sagrado que otorga la democracia: la libertad en su más amplia acepción. Si la ley se pervierte a conveniencia por quienes ejercen transitoriamente el poder, que son los más obligados a respetarla, las cosas no pueden estar bien. Esto acaba de ocurrir hace unos días con una inicial velada amenaza lanzada contra la ejecutiva de un medio de comunicación en el puerto de Veracruz, debido a la publicación de una opinión editorial que no agradó al secretario de Gobierno, Éric Patronicio Cisneros Burgos, y generó un exabrupto. “El que se lleva, se aguanta; así es esto”, escribió vía whatsapp el principal colaborador del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a Bertha Rosalía Ahued Malpica. “Así es esto, saludos”, remató en ese mensaje, y tras la recriminación y advertencia, a las oficinas del periódico llegó un requerimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado a la empresa Comercial Berman, SA de CV, para presentarse la dueña el jueves 27 (ayer) a las 10 horas con 15 minutos a la Oficina de Hacienda de Veracruz para recibir un oficio de la Subsecretaría de Ingresos de la Sefiplan, se entiende que para el requerimiento de pago de algún impuesto que no hizo esa empresa, lo cual, aunque dentro de la ley si se comprobara que efectivamente hubo omisión, equivale a un acto represivo por una crítica realizada al segundo de a bordo del gobierno veracruzano. El propio Cisneros lo hace ver en un tuit que publicó anteayer mismo, para tratar de hacer un control de daños por las reacciones en contra que provocó al conocerse esa amenaza al periódico. “En el desempeño del servicio público siempre me he conducido con respeto a la libertad de expresión y de información, entendiendo que son derechos humanos inalienables de todas y todos, de periodistas y directivos de medios de comunicación, aun cuando califican sin atino”. ¿Es esa una reacción sensata de un funcionario frente a una discrepancia de opinión? No, desde luego que no lo es. Un servidor público tendría que actuar con razonamiento frente a cualquier señalamiento que reciba, hacer uso de la propia ley que le da el derecho de réplica, sin soberbia ni recurrir a esos alardes de poder, como evidentemente no ocurrió en este caso y, al cumplir con la amenaza de: “el que se lleva se aguanta”, apretó por un tema fiscal a la empresa y a sus directivos. Es un aviso de que así se aplicará la ley en lo sucesivo, con un garrote para tratar de amedrentar a comunicadores y críticos, que son muchos, por los constantes errores que comete sus actos y dichos el polémico personaje.

opedro2006@gmail.com