Rosa es una maestra jubilada, habitante de Las Vigas de Ramírez. Hace cuatro años vio en una televisora de cadena nacional el anuncio de una empresa que prometía préstamos inmediatos, con mínimos requisitos, entre ellos el anticipo de mensualidades; al día de hoy ha depositado casi 300 mil pesos, sin recibir aún el añorado crédito.
Se trata de la empresa denominada Punto Credit. Por los documentos que obran en su poder se trata de una gestora de crédito, una empresa que con poderosa publicidad atrae la atención de todo aquel que necesite un crédito con urgencia, aprovechándose de la necesidad de liquidez de los solicitantes, quienes acceden a pagos y abonos previos con la finalidad de obtener el beneficio.
Lamentablemente éste no es un caso aislado, es uno más de muchos atropellos que hemos padecido los veracruzanos, pues a cuatro años de que se registrara el primer caso de gestoras de crédito en Veracruz y con quejas, protestas y denuncias interpuestas ante la Profeco y la Fiscalía General del Estado, los casos se cerraron con la resignación de los defraudados y no con el castigo a los delincuentes de cuello blanco, que desaparecieron llevándose consigo el dinero defraudado.
En necesario actuar rápido, por ello, además de denunciar el caso ante la opinión pública dimos parte a la Asociación de Bancos de México (ABM), por el uso de logotipos y papelería oficial que esta empresa ha usado para engañar.
Es cierto, los ciudadanos debemos reforzar nuestros canales de seguridad a partir de la autoprotección y desconfianza de todo aquel que pida anticipos para dar un crédito, no debemos nunca dar dinero ni documentos confidenciales por seguridad.
Sin embargo, ya es momento también de que dejemos de preguntar a las víctimas ¿por qué se dejaron engañar? Es tiempo de cuestionar a las autoridades ¿por qué se sigue permitiendo que empresas así operen con total libertad e impunidad?, con tantos casos como los hay, ¿cuál es la estrategia de prevención y combate para evitar que se siga dañando a nuestra sociedad, generando más pobreza?
Estos casos son graves y no deben quedar en la impunidad, las autoridades ya no deben limitarse a enviar avisos o advertencias, ¡deben perseguir!, pues son empresas o personas que cuentan con registros federales (RFC), con asientos domiciliarios en céntricas calles y avenidas de ciudades importantes, además de desplegar publicidad ostentosa que a todas luces denota una irregularidad, sin embargo, las autoridades son las últimas en enterarse y lo hacen cuando éstas desaparecen y ¡ya no hay a quién perseguir!
La realidad es que a la fecha no existe un registro del monto de lo defraudado en los últimos cuatro años y no se ha destinado un solo peso del presupuesto anual de egresos para combatir este delito. Estamos mal y viene lo peor.
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