La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene facultades que le son exclusivas. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la declaración de procedencia en los procesos de desafuero, la ratificación de nombramientos hacendarios y la revisión de la Cuenta Pública del año anterior son algunas de las atribuciones que, constitucionalmente, le corresponde desahogar en exclusividad.
La Cámara de Diputados no aprueba la Cuenta Pública pero sí debe revisarla, con el propósito de “evaluar la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”. Se presenta el día 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal ejercido y concluye su revisión el día 31 de octubre del año posterior al de su presentación.
En consecuencia, en días pasados, se revisó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, que es el primero de la presente administración federal y también lo es para algunas administraciones estatales. Los resultados no son nada favorables y su análisis arroja graves inconsistencias en perjuicio del erario nacional, aun cuando todavía se encuentran en proceso de solventación.
En primer lugar, incumple la promesa gubernamental sobre el uso honesto, transparente y eficiente de los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas inconsistencias por más de 100 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad le corresponden al gobierno federal. ¿Cuántas veces oímos en el discurso oficial, una y otra vez, que con ellos se habría extinguido ya la corrupción gubernamental? ¿Cuántas veces se dijo desde el poder que la corrupción era sello del pasado y una etapa superada? ¿Cuántas veces se ha reiterado que, con esta administración, no habría más observaciones, ni señalamientos, ni recomendaciones de los órganos fiscalizadores?
La Cuenta Pública 2019, de manera preliminar, desmiente ese discurso y registra un sinfín de irregularidades en la forma de montos por aclarar, pagos improcedentes, duplicidad de pagos y beneficiarios, discrecionalidad en los padrones, falta de requisitos y documentación, así como la inelegibilidad e inaplicación de las reglas de operación. Todo un elenco de incumplimientos que implican la posible existencia de desvío de recursos y daño al patrimonio nacional.
A SEGALMEX no le cuadran las cuentas por $3,395 mdp. En el programa Sembrando Vida no aparecen $1,833 mdp. Las Pensiones para el Bienestar de las personas mayores no justifican $992.7 mdp. El programa Jóvenes Construyendo Futuro tiene observaciones por $127 mdp y las Becas Benito Juárez por $264 mdp. El proceso de contratación de los Siervos de la Nación refleja inconsistencias por $562 mdp, la Conavi no comprobó $2,255 mdp y el Insabi registra la falta de integración de 59,571 casos de intervenciones, aparentemente inexistentes, con estatus de pagado, con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
En segundo lugar, la revisión de la Cuenta Pública describe la sobreestimación de los Criterios Generales de Política Económica que, de manera predeterminada, hace el Gobierno de la República, con la intención de utilizar los Fondos de Estabilización que sirven de reserva en casos de contingencia económica. Proyectan al alza el crecimiento económico y los ingresos públicos, a sabiendas de que no se cumplirán las metas, para así poder acceder a los fondos creados para cumplir con ese propósito.
Durante el periodo analizado, previo a la crisis sanitaria, los ingresos presupuestarios cayeron (aunque IEPS en gasolina subió 53.4%), la inversión pública tuvo un subejercicio del 16%, se contrató deuda por 500 mil mdp y el gobierno dispuso de 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Esta práctica se ha repetido los tres años subsecuentes, limitando el margen fiscal del gobierno para los próximos años y agotando ya los Fondos de Estabilización, lo que significa malas noticas en lo económico para el país, mientras la opacidad, ineficiencia y actos de corrupción se mantienen en el manejo de los recursos públicos.
Diputado federal. PRI
