/ martes 9 de octubre de 2018

Grupos en pugna en Tuxpan; daño patrimonial en Lerdo de Tejada; bloquean carretera en Coyutla

Por lo que se ve no sólo el dirigente del PAN enfrenta problemas por su actuación mientras permaneció al frente del partido que quiere seguir dirigiendo, pues está separado del CDE precisamente para participar en la contienda interna por la presidencia albiazul. También su primo, de quien se dice que le debe la alcaldía, el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, anda metido en líos.

Acusa a la síndica y a regidores de obrar en agravio del patrimonio tuxpeño y de la administración pública. De tal magnitud es el pleito que Antonio Aguilar Mancha presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la síndica Arely Bautista Pérez. Fue la misma autoridad municipal de Tuxpan la que dio a conocer que entre los probables delitos está el de extorsión, debido a que la síndica junto con cinco regidores trató de extorsionar al alcalde, a quien le exigieron 2 millones de pesos a cambio de asistir a una sesión de cabildo y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto del año 2019. También aseguran que cometió abuso de autoridad al ordenar a la extesorera Martha Dolores Quiroz Lagos (destituida el 25 de septiembre pasado) que hiciera pagos y trasferencias bancarias, sin la autorización del alcalde o del cabildo. Asimismo señalan que la síndica sustrajo información y documentación sobre compensaciones a regidores y pagos de facturas que ella misma ordenó sin consentimiento del alcalde ni del cabildo.

Pero no sólo eso, Bautista Pérez es señalada de desviar recursos públicos en presunta complicidad de Quiroz Lagos, por un monto de 60 millones de pesos y de hacer pagos no autorizados. Las reacciones en Tuxpan han sido encontradas. Unos apoyan al alcalde y otros a la síndica, mientras la administración municipal se ve afectada junto con la población que nada tiene que ver en los intereses que defienden los grupos en pugna.

Mientras tanto en Lerdo de Tejada, el alcalde Hermas Cortés García acaba de anunciar que presentará denuncia ante la FGE por el daño patrimonial de 54 millones de pesos cometidos por la pasada administración que encabezó Ricardo Llamas Huber. De acuerdo con lo revelado por el ORFIS, durante el ejercicio fiscal 2017 fue detectado un presunto daño patrimonial por 34 millones de pesos en la presidencia municipal y otros 20 millones en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. A eso hay que agregar que como no se ejercieron recursos federales durante la pasada administración, al municipio le están reteniendo presupuesto para diferentes programas.

Así lo dijo Hermas Cortés: “Sedesol nos está requiriendo una cantidad bastante fuerte que la pasada administración no ejerció; tenemos retenidos 4 millones de pesos etiquetados para una unidad deportiva, porque la administración pasada tiene adeudos con la Conade; tenemos recursos retenidos en la Conagua, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…”.

Y en Coyutla le tomaron el Palacio Municipal al alcalde Jesús Picazo Gutiérrez. Resulta que habitantes de la comunidad Tulapilla le están exigiendo el reforzamiento del cárcamo, la terminación de la carretera y del parque.

Al no ser atendidos por el alcalde bloquearon la carretera afectando a vecinos de Coahuitlán, Filomeno Mata y Mecatlán, entre otros municipios. Alrededor de 300 pobladores indígenas que se dicen cansados de esperar una respuesta para la terminación de obras en su comunidad y aseguran que son obligados a realizar faenas y que además Picazo Gutiérrez les cobra la mano de obra para la realización de las mismas, lo que viene ocurriendo desde la pasada administración que encabezaba José Benito Picazo Pérez, padre del actual alcalde.


Por lo que se ve no sólo el dirigente del PAN enfrenta problemas por su actuación mientras permaneció al frente del partido que quiere seguir dirigiendo, pues está separado del CDE precisamente para participar en la contienda interna por la presidencia albiazul. También su primo, de quien se dice que le debe la alcaldía, el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, anda metido en líos.

Acusa a la síndica y a regidores de obrar en agravio del patrimonio tuxpeño y de la administración pública. De tal magnitud es el pleito que Antonio Aguilar Mancha presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la síndica Arely Bautista Pérez. Fue la misma autoridad municipal de Tuxpan la que dio a conocer que entre los probables delitos está el de extorsión, debido a que la síndica junto con cinco regidores trató de extorsionar al alcalde, a quien le exigieron 2 millones de pesos a cambio de asistir a una sesión de cabildo y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto del año 2019. También aseguran que cometió abuso de autoridad al ordenar a la extesorera Martha Dolores Quiroz Lagos (destituida el 25 de septiembre pasado) que hiciera pagos y trasferencias bancarias, sin la autorización del alcalde o del cabildo. Asimismo señalan que la síndica sustrajo información y documentación sobre compensaciones a regidores y pagos de facturas que ella misma ordenó sin consentimiento del alcalde ni del cabildo.

Pero no sólo eso, Bautista Pérez es señalada de desviar recursos públicos en presunta complicidad de Quiroz Lagos, por un monto de 60 millones de pesos y de hacer pagos no autorizados. Las reacciones en Tuxpan han sido encontradas. Unos apoyan al alcalde y otros a la síndica, mientras la administración municipal se ve afectada junto con la población que nada tiene que ver en los intereses que defienden los grupos en pugna.

Mientras tanto en Lerdo de Tejada, el alcalde Hermas Cortés García acaba de anunciar que presentará denuncia ante la FGE por el daño patrimonial de 54 millones de pesos cometidos por la pasada administración que encabezó Ricardo Llamas Huber. De acuerdo con lo revelado por el ORFIS, durante el ejercicio fiscal 2017 fue detectado un presunto daño patrimonial por 34 millones de pesos en la presidencia municipal y otros 20 millones en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. A eso hay que agregar que como no se ejercieron recursos federales durante la pasada administración, al municipio le están reteniendo presupuesto para diferentes programas.

Así lo dijo Hermas Cortés: “Sedesol nos está requiriendo una cantidad bastante fuerte que la pasada administración no ejerció; tenemos retenidos 4 millones de pesos etiquetados para una unidad deportiva, porque la administración pasada tiene adeudos con la Conade; tenemos recursos retenidos en la Conagua, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…”.

Y en Coyutla le tomaron el Palacio Municipal al alcalde Jesús Picazo Gutiérrez. Resulta que habitantes de la comunidad Tulapilla le están exigiendo el reforzamiento del cárcamo, la terminación de la carretera y del parque.

Al no ser atendidos por el alcalde bloquearon la carretera afectando a vecinos de Coahuitlán, Filomeno Mata y Mecatlán, entre otros municipios. Alrededor de 300 pobladores indígenas que se dicen cansados de esperar una respuesta para la terminación de obras en su comunidad y aseguran que son obligados a realizar faenas y que además Picazo Gutiérrez les cobra la mano de obra para la realización de las mismas, lo que viene ocurriendo desde la pasada administración que encabezaba José Benito Picazo Pérez, padre del actual alcalde.