Seguramente van a surgir más denuncias penales en los próximos días, no solamente las que se enderezaron en los últimos días por presumibles delitos de desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial en contra los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), senadora plurinominal Indira Rosales San Román, y de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Enrique Pérez Rodríguez, ante la Fiscalía General del Estado (FGE); ayer mismo, en la Fiscalía General de la República (FGR), los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, presentaron pruebas contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por el probable fraude del Sistema Estatal de Video-vigilancia que ascendería a mil 100 millones de pesos. De este asunto, el actual gobierno encontró que la empresa contratada, COMTELSAT sólo instaló mil 695 equipos, equivalente a 28% de las 6 mil 324 cámaras adquiridas, de las cuales 72% no funcionan, y por lo tanto resultó una inútil inversión en Pánuco, Poza Rica, Fortín, Xalapa, Veracruz y Cosoleacaque, además de que faltan 4 mil 354 video-cámaras por instalar. En el caso de Indira, se le atribuye la renta irregular de 287 vehículos por 55 millones de pesos, sobre lo cual se habría simulado una licitación pública en la que de acuerdo a la ley debieron participar al menos tres empresas y solamente fue una y a ésa se le asignó el contrato; y estaría por presentarse una ampliación por irregularidades encontradas en el programa “Veracruz comienza contigo”, del cual ni siquiera se han encontrado los padrones de beneficiarios. Contra Pérez, el señalamiento del actual secretario Zenyasen Escobar García, es de que el ex titular de la SEV y funcionarios del anterior gobierno se auto asignaron 77 plazas magisteriales con altos sueldos, de la que no hay evidencia de cumplimiento a esas tareas simultáneamente a las que tenían asignadas en sus cargos oficiales, por lo que habría una desviación y daño patrimonial por más de 5.5 millones de pesos contra la institución. La pregunta es si el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, cumplirá con la función de investigar y formular cargos en contra de sus ex compañeros de gabinete, si los hubiera; o, por el contrario, buscará la manera de diluir, dilatar y hasta de favorecer a los señalados. Por lo pronto, ya se sabe lo que puede esperarse de él, luego de desempolvar una denuncia por cargos de motín y sedición contra Zenyasen, que le formuló el anterior gobierno cuando éste, junto con otros diputados de la bancada de MORENA, impidieron el paso a las instalaciones del Congreso Local para evitar que la mayoría panista aprobara la entrega de inmuebles del estado a varios Ayuntamientos de esa filiación, así como la aprobación de magistrados ligados a los intereses del ex gobernador del estado. Escobar, citado a comparecer por esos cargos, solicitó por lo pronto un amparo para evitar ser detenido. Así las cosas.
VAN POR FALSO DELEGADO DEL GOBIERNO FEDERAL
++Ayer, el delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía general de la República en contra de Roberto Sánchez Migoni y otros tres implicados, por probables delitos de usurpación de funciones y asociación delictuosa. El denunciado, junto con tres más, Antonia Romero Pérez, Clemente Castells Sanabria y Poleth Mendoza Martínez, falsamente se hacían pasar como representantes del gobierno federal para gestionar obras y bajar recursos federales para los municipios. Se reunieron con varios alcaldes, no se conoce si obtuvieron “moches” a cambio de las “gestiones” que ofrecían. Lo importante es que se detectó a tiempo ese intento de fraude, se evitaron insanas elucubraciones y, sobre todo, que se va a proceder en contra esos malandrines. Enhorabuena.
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