Un raro caso (“para la araña”, dirían los clásicos) es el alta registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller como socios en 26 empresas en Boca del Río, cuestión que el propio Ejecutivo federal dio a conocer en su conferencia mañanera del pasado miércoles y tildó de falsa. Se trata de empresas a nombre de personas físicas con actividades empresariales de “intermediarios de comercio al por mayor”, creadas con evidentes irregularidades el pasado 11 de agosto, no solamente por haberse realizado a medianoche, fuera de horario de trabajo, sin respetar procedimientos ni normas; el alta de estas “empresas fantasmas”, como las de la “estafa maestra” o las del gobierno duartista; suplantar el nombre de personas como “socios” de éstas y hasta que aparezcan en ellas funcionarios de la propia dependencia encargada del registro de contribuyentes, como Óscar Manuel Montoya Landeros, coordinador nacional de las Administraciones Desconcentradas del SAT, supuesto apoderado legal de esas 26 empresas, y al exadministrador del SAT en Xalapa y ahora funcionario en la Administración de Aduanas con Ricardo Ahued Bardehuil, Oliver Aguilar Yunes, como dueño de una de éstas, sólo puede explicarse de que se trata de una perversidad política. Según una nota periodística, también aparecen como dueños de esas supuestas empresas: Armando Leyva Barraza, administrador del SAT en Mazatlán; Alejandra Alicia Paredes Hernández, encargada de la Administración Desconcentrada del Servicio al Contribuyente de Chihuahua; César Luis Perales Téllez, administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente del SAT; Enrique Cordero Hernández, administrador de Servicios del Contribuyente del SAT en León, y Édgar Eleazar Ayala Cervantes, administrador local del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Tamaulipas, entre otros. El presidente López Obrador planteó la probable utilización de su nombre para “hacer negocio engañando (de) que soy miembro de la empresa o (de) que estoy (…) haciendo negocios chuecos”, que desde luego tendría cómo afectarlo políticamente, atribuible a sus adversarios. Sin embargo, la mayor inquietud es ese posible hackeo que sufrió el SAT e inquieta también que puedan existir más casos de este tipo y continúe la proliferación de empresas “fachada”. Desde luego, habrá que esperar lo que arroje la investigación iniciada por las autoridades fiscales y la declaración tanto de los funcionarios y empleados involucrados en este caso de registro de dichas empresas, para lo cual debieron ocuparse sus claves únicas, así como de los notarios públicos que pudieran haber intervenido y los controles de seguridad que tiene el sistema del SAT, con el fin de proceder contra quienes resulten responsables de estos hechos, si los hubiera, aunque, por simple deducción, resulte un malévolo plan orquestado por actores políticos opositores a la 4T. Habrá que esperar, aunque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que “en Veracruz hay poderes fácticos que se resisten a perder sus privilegios” e inmediatamente agregó que “no es coincidencia que el SAT haya detectado que en Boca del Río se registró al presidente como socio de 26 empresas”.
Delia González Cobos fue nombrada ayer, por unanimidad de 48 votos de diputados asistentes a la sesión extraordinaria del Congreso local, nueva titular del Orfis; releva en el cargo de auditor general a Lorenzo Portilla Vázquez, a quien no le funcionó querer vender la idea de estar contra el exgobernador Miguel Yunes Linares. Un alfil menos.
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