Con Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara como “súper delegado” del gobierno federal en el estado de Veracruz, coordinando a los que serán los responsables administrativos de las más de 50 delegaciones federales que existen en el estado de Veracruz...
Muchos alcaldes de municipios veracruzanos confían en que ya no habrá decisiones centralistas, dictadas desde el altiplano mexicano, que atenten por ejemplo en contra del entorno natural y causen con ello el descontento de la población, pues hasta noviembre pasado por un lado caminaba la Federación y por el otro, los gobiernos de los estados y de los municipios.
El botón que sirve de muestra, amable lector, es el caso de las empresas mineras canadienses, con prestanombres mexicanos, que en su afanosa búsqueda de oro, plata y cobre, deforestan, desmontan y perforan el subsuelo de predios con alta riqueza biológica en los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz, pese a la oposición de los habitantes de la zona, de estudiosos, de los medios de comunicación y, por supuesto, de los presidentes municipales, que cuestionan la validez del artículo 115 Constitucional, cuando los extranjeros, al amparo de concesiones y permisos “federales” destruyen y ponen en riesgo su entorno.
Así por ejemplo en julio pasado, todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el alcalde del municipio de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, sesionó con el resto de los integrantes del cabildo municipal para acordar que esa demarcación se declaraba libre de minería tóxica, exploración metálica y de concesión de uso, aprovechamiento o explotación de agua, contraponiéndose a lo que había dispuesto “la Federación”.
Con el arribo mayoritario de militantes, adoptados y arrimados al partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, la mayoría de los alcaldes veracruzanos —a excepción seguramente de Fernando Yunes Márquez de la ciudad de Veracruz— confían en que el gobierno federal respetará sus autonomías consagradas constitucionalmente.
Las primeras muestras de que esa confianza se está recuperando, amable lector, se dieron la semana pasada cuando los alcaldes de los municipios de Chiconquiaco, Nazario Perea Aguilar, y de Yecuatla, Fidencio Romero Ortega, iniciaron su recorrido por oficinas gubernamentales solicitando que se revoquen —así de tajantes— las asignaciones mineras que en el último día de su gobierno otorgó Enrique Peña Nieto para el estado de Veracruz.
Los alcaldes de ambos municipios demandan, en principio, que al menos “la Federación” realice una consulta pública para conocer si los habitantes de esas regiones de la entidad veracruzana están de acuerdo en que se realicen acciones mineras en sus respectivos territorios.
En este caso, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, el “súper delegado federal” en el estado de Veracruz, tendrá que actuar en consecuencia y monitorear, dar seguimiento e incluso supervisar que los funcionarios de “la Federación” en las áreas encargadas de otorgar los permisos necesarios para que operen legalmente las empresas mineras, respeten el derecho de audiencia y sobre todo privilegien el de la consulta pública de la ciudadanía, pues de darse lo contrario, como se ha venido haciendo durante décadas, estaremos ante un tradicional caso de demagogia. Que conste.
YA BASTA... Tema de análisis se ha convertido el de los estados con declaratorias de Alerta de Violencia de Género, que para el caso Veracruz cuenta con dos de las 18 decretadas en el país, donde los feminicidios han ido al alza sin que haya quién los frene, a grado tal que es la segunda entidad federativa con más asesinatos de mujeres.
Por ello se analizan estas declaratorias que pareciera han servido para dos cosas.
guadalupehmar@yahoo.com
