Nos comentan que diputadas y diputados federales del PRI alistan una ley para poder dar a conocer de manera pública a los agresores sexuales y a los deudores alimenticios.
Apodada desde ya como “ley quemón”, nos señalan que, de ser aprobada, serviría para crear dos registros públicos nacionales y dar a conocer los nombres y apellidos de aquellas personas que han cometido violencia contra una mujer o han incumplido el pago de pensiones alimenticias, lo que, consideran legisladores priistas, representará un paso adelante para combatir esas acciones y que tengan consecuencias.
Nos dicen que ante los niveles históricos de violencia contra las mujeres y teniendo como marco la desaparición de programas públicos para apoyarlas, es urgente llevar a cabo acciones para combatirla “desde su origen”, por ello pretenden recurrir al “quemón público", con bases de datos nacionales de consulta pública y sanciones para inhibir las conductas violentas.
Y es que los indicadores oficiales señalan que de los actos de violencia contra las mujeres quedan impunes 99% de las veces y que el 67% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia por parte de sus exparejas, por lo que diputados pretenden que, estando esta información de manera pública, puede ser usada para tener referencias sobre los agresores. Habrá que ver cómo reaccionen los legisladores de todos los partidos ante esta propuesta.
Preocupación e inconformidad es lo que, nos reportan, está presentándose entre la base del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, en los 21 Distritos Judiciales.
Y es que, nos comentan, el Departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura estaría remitiendo una carta-compromiso con la supuesta intención de coaccionar a quienes no han concluido sus estudios de Licenciatura en Derecho.
Nos dicen que el término que imponen no es lógicamente razonable ya que, siendo un hecho público y notorio que la pandemia por la que atraviesa el mundo y específicamente nuestro estado, cualquier trámite se retarda considerablemente. Además, señalan, las instituciones educativas tanto públicas como privadas manejan fechas programadas para la recepción de documentos para tramitar la titulación, asimismo, el tiempo que se otorga para gestionar el trámite es tan corto, aseguran, que atenta contra sus derechos laborales.
Por ello, nos dicen, es que van a iniciar con los procesos para defenderse haciendo un llamado a todos los trabajadores que estén en esta situación a no dejarse intimidar firmando una carta- compromiso que los vulnere, además de que, de ser necesario, señalan que impugnarán por los conductos legales.
Ya sea porque hay problemas en el mundo para adquirir medicamentos anticancerígenos, porque alguien localmente o a nivel nacional falló en las compras o por lo que usted quiera, pero nos comentan que algo debe hacerse para que, lo más pronto posible, sean adquiridos y los niños y demás pacientes en Veracruz con cáncer o leucemia reciban la atención que requieren.
Los últimos llamados que han hecho un médico oncólogo, infantes enfermos y sus padres, son dramáticos y no dejan lugar a dudas sobre la urgencia de conseguir los medicamentos.
Además nos hacen ver que si bien son tiempos difíciles en lo económico, todo aquel que pueda haga un esfuerzo para apoyar a estos niños que sufren y pierden la esperanza de mejorar en su salud.
