/ jueves 7 de enero de 2021

Incapacidad de auditora del Orfis

Han empezado a circular versiones de la posible remoción o salida de la titular del Orfis, Delia González Cobos, por la incapacidad del ente auditor en el cumplimiento de sus obligaciones legales en lo que respecta a la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Aunque algunos comentarios apuntan a que la ex procuradora Fiscal de la Sefiplan estaría más bien tirando la toalla, debido a la nula respuesta de funcionarios estatales para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los datos verificables que saltan a la vista muestran incumplimiento en las tareas de fiscalización de los entes públicos.

El 31 de agosto de 2020, en el número extraordinario 348 de la Gaceta Oficial se publicó un Acuerdo señalando que “de manera excepcional”, en virtud de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se prorrogó la entrega de los informes individuales y el informe general ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que realizan Orfis y Congreso, para entregar a más tardar el 31 de enero de 2021. También, se prorrogó la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 que realiza el Congreso del Estado a más tardar el 02 de marzo de 2021.

Fue la propia auditora Delia González Cobos quien señaló que en aras de ejercer su atribución fiscalizadora, sería el propio personal del Orfis el que realizaría los trabajos de revisión de los 334 entes a fiscalizar. Ya desde su llegada a esta dependencia inició una persecución en contra de despachos privados, muchos de ellos, eso también hay que anotarlo, ligados a viejas prácticas de corrupción, que se dedicaban a restañar los hoyos fraudulentos de entes públicos, pero muchos otros con una gran solvencia profesional en el desempeño de las auditorías.

“Queremos que lo público regrese a lo público”, indicó González Cobos y así, se puso manos a la obra con una lista de 334 entes a fiscalizar pero cuando vio venir las cosas encima modificó el Programa Anual de Auditorías para dejarlo en 307, quitando por ejemplo, a cinco organismos autónomos, al Centro Estatal de Justicia Alternativa y al Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7, del Poder Judicial, por citar algunos.

Tenían programadas, otro ejemplo, 11 auditorías especiales de legalidad y desempeño al Poder Judicial (Seguimiento de la revisión efectuada a las Ciudades Judiciales); Secretaría de Seguridad Pública (Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales); Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación); Servicios de Salud de Veracruz (Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud); SSP (Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales); Sedarpa; Servicios de Salud de Veracruz (Prestación de Servicios de Atención Médica); Ayahualulco (Plan Municipal de Desarrollo); Xalapa (Plan Municipal de Desarrollo); Zozocolco de Hidalgo (Plan Municipal de Desarrollo) y el Instituto Metropolitano del Agua.

En una reprogramación sólo dejaron una auditoría en la Sedarpa; una al Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario; la de Ayahualulco; la de Xalapa; la de Zozocolco de Hidalgo y la del Instituto Metropolitano del Agua, liberando, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública que preside Hugo Gutiérrez Maldonado, de esa responsabilidad de auditoría especial de legalidad y desempeño.

Aunque tenían una prórroga 2020 que se extendió a este 2021, la mayoría de las auditorías debieron haber concluido entre julio y septiembre del 2020. Sin embargo, información recabada de algunos entes señala que antes de concluir diciembre del 2020 no habían ni siquiera iniciado el proceso fiscalizador.

Quizá por esto y por todo lo que ha venido juntando la auditora Delia González Cobos, en el Congreso del Estado y en una oficina de Palacio de Gobierno ya se prendió la alarma roja y revisaron lo que señala el Artículo 93 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para ver qué procede “en caso de falta absoluta, renuncia o remoción del Auditor General”. Ya veremos qué sucede. Nos vemos los jueves.

valeramk@hotmail.com

Han empezado a circular versiones de la posible remoción o salida de la titular del Orfis, Delia González Cobos, por la incapacidad del ente auditor en el cumplimiento de sus obligaciones legales en lo que respecta a la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Aunque algunos comentarios apuntan a que la ex procuradora Fiscal de la Sefiplan estaría más bien tirando la toalla, debido a la nula respuesta de funcionarios estatales para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los datos verificables que saltan a la vista muestran incumplimiento en las tareas de fiscalización de los entes públicos.

El 31 de agosto de 2020, en el número extraordinario 348 de la Gaceta Oficial se publicó un Acuerdo señalando que “de manera excepcional”, en virtud de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se prorrogó la entrega de los informes individuales y el informe general ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que realizan Orfis y Congreso, para entregar a más tardar el 31 de enero de 2021. También, se prorrogó la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 que realiza el Congreso del Estado a más tardar el 02 de marzo de 2021.

Fue la propia auditora Delia González Cobos quien señaló que en aras de ejercer su atribución fiscalizadora, sería el propio personal del Orfis el que realizaría los trabajos de revisión de los 334 entes a fiscalizar. Ya desde su llegada a esta dependencia inició una persecución en contra de despachos privados, muchos de ellos, eso también hay que anotarlo, ligados a viejas prácticas de corrupción, que se dedicaban a restañar los hoyos fraudulentos de entes públicos, pero muchos otros con una gran solvencia profesional en el desempeño de las auditorías.

“Queremos que lo público regrese a lo público”, indicó González Cobos y así, se puso manos a la obra con una lista de 334 entes a fiscalizar pero cuando vio venir las cosas encima modificó el Programa Anual de Auditorías para dejarlo en 307, quitando por ejemplo, a cinco organismos autónomos, al Centro Estatal de Justicia Alternativa y al Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7, del Poder Judicial, por citar algunos.

Tenían programadas, otro ejemplo, 11 auditorías especiales de legalidad y desempeño al Poder Judicial (Seguimiento de la revisión efectuada a las Ciudades Judiciales); Secretaría de Seguridad Pública (Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales); Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación); Servicios de Salud de Veracruz (Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud); SSP (Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales); Sedarpa; Servicios de Salud de Veracruz (Prestación de Servicios de Atención Médica); Ayahualulco (Plan Municipal de Desarrollo); Xalapa (Plan Municipal de Desarrollo); Zozocolco de Hidalgo (Plan Municipal de Desarrollo) y el Instituto Metropolitano del Agua.

En una reprogramación sólo dejaron una auditoría en la Sedarpa; una al Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario; la de Ayahualulco; la de Xalapa; la de Zozocolco de Hidalgo y la del Instituto Metropolitano del Agua, liberando, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública que preside Hugo Gutiérrez Maldonado, de esa responsabilidad de auditoría especial de legalidad y desempeño.

Aunque tenían una prórroga 2020 que se extendió a este 2021, la mayoría de las auditorías debieron haber concluido entre julio y septiembre del 2020. Sin embargo, información recabada de algunos entes señala que antes de concluir diciembre del 2020 no habían ni siquiera iniciado el proceso fiscalizador.

Quizá por esto y por todo lo que ha venido juntando la auditora Delia González Cobos, en el Congreso del Estado y en una oficina de Palacio de Gobierno ya se prendió la alarma roja y revisaron lo que señala el Artículo 93 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para ver qué procede “en caso de falta absoluta, renuncia o remoción del Auditor General”. Ya veremos qué sucede. Nos vemos los jueves.

valeramk@hotmail.com

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