Levantones y secuestros, asaltos a mano armada, violaciones, tráfico de personas y explotación de menores de edad, constituyen los principales problemas que deberá atender el próximo gobierno federal y los gobernadores, estados, quienes no pueden separarse de la atención de la criminalidad y la inseguridad, puesto que para ello reciben millonarias participaciones federales, que no se aplican en forma honesta y adecuada para su finalidad, tal como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación.
De ahí que el Plan de Seguridad Nacional, encomendado para su realización al futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, es el motivo fundamental para cancelar los Foros por La Paz en los estados de la República como Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, ya que de continuar con la preparación y celebración de dichos foros no se podría avanzar en la elaboración de la Ley y el Plan para la Seguridad Nacional.
El panorama presentado en los 16 foros que se han realizado por la paz, da muestra clara de la inconformidad de la gente y que los agraviados por la desaparición de sus seres queridos, exigen la verdad y la aplicación de la ley, rechazando de manera contundente el perdón y olvido, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El dolor que causa la muerte y desaparición de personas también acaba con la vida de la familia que reclama la presentación con vida de sus seres queridos y la falta de respuesta constituye en gran parte el descrédito de las autoridades del ramo. Ahora aparece en la escena pública Loretta Ortiz, quien se ostenta como encargada de coordinar los foros para la pacificación y reconstrucción nacional, y ha comprometido en nombre del gobierno de López Obrador más burocracia que duplica las funciones de las fiscalías para la atención de estos y otros asuntos, todos de prioridad nacional.
Hay quienes no están en sintonía con la política de AMLO, quien pretende eficientar a toda la burocracia, no sólo disminuyendo sueldos, para que no rebasen el tope salarial que el propio presidente electo se ha impuesto, sino también evitando duplicidad de funciones, por lo que no se justifica más burocracia para duplicar fiscalías que han resultado ineficaces.
