Recientemente inició la circulación de la obra jurídica colectiva intitulada Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio que lleva por subtítulo Los Dilemas de su Implementación, que fuera coordinada por Ángel Rosas Solano y Carlos Antonio Vázquez Azuara y prologada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Enhorabuena. La participación de jueces y magistrados federales y locales y otros estudiosos de la materia dio por resultado una obra que no debiera pasar desapercibida para los operadores del nuevo sistema de justicia penal; ni para los legisladores, pero esto lamentablemente es mucho pedir. Creo que todos suscribiríamos sin regateo alguno la mayoría de las conclusiones de esta obra colectiva. Los coautores no sólo cuentan en su haber con una sólida formación jurídica, sino también han participado durante largo tiempo en funciones de la Judicatura, del Ministerio Público, de Derechos Humanos y otras áreas vinculadas estrechamente con los temas que ahora abordan. Por eso puede afirmarse que no se trata de reflexiones de cubículo, sino más bien fruto de su confrontación cotidiana con los textos constitucionales y legales y la realidad. Y todo ello contrarreloj o contra el calendario, por la urgencia de resolver problemas concretos, donde un inocente clama justicia, un probable culpable trata de zafarse de ésta y el juez lo que menos quiere es equivocarse. Y para colmo, la ley no siempre es clara o resulta incluso contradictoria. Y los casos de todas maneras tienen que irse resolviendo. Aquí es donde el juzgador tiene que echar mano de toda su sapiencia y experiencia. Pero a estas alturas el nuevo modelo de justicia penal que inició con la reforma constitucional de 2008, aunque joven todavía, ya muestra algunas grietas que sería saludable que los legisladores subsanaran. Hacia allá apunta el trabajo que hoy nos ocupa. Es una llamada de auxilio para que los operadores jurídicos puedan servir mejor a la sociedad. A esto se suma lo que en el prólogo advierte el ministro de la Suprema Corte Jorge Mario Pardo Rebolledo, “el imperativo de que el sistema, desde ya, comience a dar resultados de justicia de calidad para todos los mexicanos”. Y agrega: “Este libro (es) una herramienta de racionalidad analítica de gran utilidad, que se suma a las contadas obras producidas hasta ahora en nuestro país, mérito que le permite ser considerada como pionera en la construcción de la doctrina nacional especializada en la materia”.
Recientemente inició la circulación de la obra jurídica colectiva intitulada Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio que lleva por subtítulo Los Dilemas de su Implementación, que fuera coordinada por Ángel Rosas Solano y Carlos Antonio Vázquez Azuara y prologada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Enhorabuena. La participación de jueces y magistrados federales y locales y otros estudiosos de la materia dio por resultado una obra que no debiera pasar desapercibida para los operadores del nuevo sistema de justicia penal; ni para los legisladores, pero esto lamentablemente es mucho pedir. Creo que todos suscribiríamos sin regateo alguno la mayoría de las conclusiones de esta obra colectiva. Los coautores no sólo cuentan en su haber con una sólida formación jurídica, sino también han participado durante largo tiempo en funciones de la Judicatura, del Ministerio Público, de Derechos Humanos y otras áreas vinculadas estrechamente con los temas que ahora abordan. Por eso puede afirmarse que no se trata de reflexiones de cubículo, sino más bien fruto de su confrontación cotidiana con los textos constitucionales y legales y la realidad. Y todo ello contrarreloj o contra el calendario, por la urgencia de resolver problemas concretos, donde un inocente clama justicia, un probable culpable trata de zafarse de ésta y el juez lo que menos quiere es equivocarse. Y para colmo, la ley no siempre es clara o resulta incluso contradictoria. Y los casos de todas maneras tienen que irse resolviendo. Aquí es donde el juzgador tiene que echar mano de toda su sapiencia y experiencia. Pero a estas alturas el nuevo modelo de justicia penal que inició con la reforma constitucional de 2008, aunque joven todavía, ya muestra algunas grietas que sería saludable que los legisladores subsanaran. Hacia allá apunta el trabajo que hoy nos ocupa. Es una llamada de auxilio para que los operadores jurídicos puedan servir mejor a la sociedad. A esto se suma lo que en el prólogo advierte el ministro de la Suprema Corte Jorge Mario Pardo Rebolledo, “el imperativo de que el sistema, desde ya, comience a dar resultados de justicia de calidad para todos los mexicanos”. Y agrega: “Este libro (es) una herramienta de racionalidad analítica de gran utilidad, que se suma a las contadas obras producidas hasta ahora en nuestro país, mérito que le permite ser considerada como pionera en la construcción de la doctrina nacional especializada en la materia”.
