Si lo que pretenden los senadores agrupados en el partido Morena es sancionar a los pocos intelectuales nacionales que dan brillo en México y en el extranjero a nuestro país, resulta más criticable la elección y llegada de representantes populares de Morena, a quienes por su incultura se les atribuye que “les faltaron seis años para terminar la primaria”.
Así se observa en toda la nación la persecución que han iniciado los enviados de la propia Fiscalía General de la República, del doctor Gertz Manero, y los comisionados de la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el mando de Santiago Nieto Castillo, quienes tienen la instrucción de verificar que las “becas” y subsidios entregados a escritores e investigadores, quienes habiendo demostrado contar con estudios profesionales universitarios y tecnológicos de alto nivel (nacionales e incluso extranjeros), ahora se les persigue como vulgares estafadores y vividores del erario público.
Se acusa de malgastar el presupuesto público asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como a los centros de investigación, la dirección general editorial de la UNAM y otras instituciones públicas de enseñanza superior y centros de investigación, donde para ganar una beca previamente hay que concursarla y demostrar documentalmente que se tiene la capacidad para el desempeño de la función académica que cubre la nómina oficial del estado.
Hecho lo anterior, los profesores e investigadores patrocinados por el Estado tienen que demostrar que cuentan con estudios de posgrado en instituciones públicas o privadas, registradas y acreditadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), exhibiendo sus títulos y cédulas profesionales correspondientes para después someter y defender sus proyectos de investigación ante los consejos académicos.
Los becarios de manera individual o por equipos de trabajo, también están obligados a rendir los informes y resultados de sus trabajos de investigación académica, en los tiempos establecidos en cada proyecto por los funcionarios encargados de la supervisión o contraloría académica. El incumplimiento trae como consecuencia la suspensión del pago de la beca y para el caso de abandono del proyecto o cancelación definitiva, la sanción casi siempre es la devolución íntegra de las cantidades de dinero parcialmente dispuestas por los investigadores y el salario correspondiente.
La lucha de la 4T para alcanzar el poder político se pronunciaba por combatir al estado policiaco y hoy resulta que el gobierno federal ha extendido la vigilancia policiaca a las instituciones académicas e intelectuales.
