/ martes 19 de enero de 2021

Jaloneos en la alianza

Aunque las cúpulas nacionales del PAN, PRI y PRD ya determinaron cuáles y cuántos distritos electorales corresponderán a cada partido en los que postularán candidatos comunes a diputados federales por la alianza "Sí por México"...

En las tres fuerzas políticas que irán coaligadas todavía existen jaloneos internos en algunos estados en que, como Veracruz, también habrán de consensuarse las nominaciones a las alcaldías y diputaciones locales.

Y es que, como era de esperarse, los líderes de los grupos de poder de cada partido buscan imponerle a sus dirigencias no a sus mejores militantes con impecable trayectoria política o aspirantes ciudadanos con buena fama pública, sino a familiares, incondicionales, novias y hasta amantes.

Ello, al parecer, es lo que en Veracruz estaría trabando los acuerdos locales de la alianza tripartidista, pues exdirigentes como Rogelio Franco, del PRD, y Pepe Mancha, del PAN, ambos muy cercanos al exgobernador Miguel Ángel Yunes, estarían presionando a sus dirigencias para colocar a peones y alfiles con miras hacia el 2024, año en que habrán de elegirse Gobernador, Presidente de la República, senadores y nuevamente ediles y diputados locales y federales.

En el PRI aparentemente existe un ambiente más conciliador, sin embargo ha trascendido que por razones de género podría haber ajustes de última hora en algunos distritos electorales federales por los que ya se habían perfilado los nombres de sus virtuales candidatos.

Por ejemplo, en el octavo distrito (Xalapa-Rural), por el que se daba como un hecho la postulación de Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación de Veracruz y exdirigente estatal del PRI, podría ser nominada Lorena Piñón Rivera, actual secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor.

Piñón, como ya se sabe, fue candidata a la dirigencia nacional priista en el proceso interno de 2019, en el que prácticamente fue comparsa del actual presidente del CEN, Alejandro "Alito" Moreno, dedicándose a descalificar a Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, fuertes adversarios del exmandatario de Campeche.

En un principio, Lorena fue expulsada del partido y su candidatura a la dirigencia nacional quedó cancelada luego de la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos que determinó que la abogada nativa de San Rafael había aceptado ser postulada por el PAN como candidata a diputada local. Sin embargo, como la priista no figuró en el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de Acción Nacional que designó de manera directa a los candidatos al Congreso local, interpuso un recurso de protección a los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual revocó la resolución del órgano partidista y le restituyó sus derechos como militante.

La Sala Superior del TEPJF consideró extemporáneas las denuncias presentadas contra Piñón por intentar ser candidata del PAN en 2016, ya que el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI estipula que no puede solicitarse la imposición de las sanciones después de que transcurran 365 días naturales de la falta cometida.

Aunque las cúpulas nacionales del PAN, PRI y PRD ya determinaron cuáles y cuántos distritos electorales corresponderán a cada partido en los que postularán candidatos comunes a diputados federales por la alianza "Sí por México"...

En las tres fuerzas políticas que irán coaligadas todavía existen jaloneos internos en algunos estados en que, como Veracruz, también habrán de consensuarse las nominaciones a las alcaldías y diputaciones locales.

Y es que, como era de esperarse, los líderes de los grupos de poder de cada partido buscan imponerle a sus dirigencias no a sus mejores militantes con impecable trayectoria política o aspirantes ciudadanos con buena fama pública, sino a familiares, incondicionales, novias y hasta amantes.

Ello, al parecer, es lo que en Veracruz estaría trabando los acuerdos locales de la alianza tripartidista, pues exdirigentes como Rogelio Franco, del PRD, y Pepe Mancha, del PAN, ambos muy cercanos al exgobernador Miguel Ángel Yunes, estarían presionando a sus dirigencias para colocar a peones y alfiles con miras hacia el 2024, año en que habrán de elegirse Gobernador, Presidente de la República, senadores y nuevamente ediles y diputados locales y federales.

En el PRI aparentemente existe un ambiente más conciliador, sin embargo ha trascendido que por razones de género podría haber ajustes de última hora en algunos distritos electorales federales por los que ya se habían perfilado los nombres de sus virtuales candidatos.

Por ejemplo, en el octavo distrito (Xalapa-Rural), por el que se daba como un hecho la postulación de Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación de Veracruz y exdirigente estatal del PRI, podría ser nominada Lorena Piñón Rivera, actual secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor.

Piñón, como ya se sabe, fue candidata a la dirigencia nacional priista en el proceso interno de 2019, en el que prácticamente fue comparsa del actual presidente del CEN, Alejandro "Alito" Moreno, dedicándose a descalificar a Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, fuertes adversarios del exmandatario de Campeche.

En un principio, Lorena fue expulsada del partido y su candidatura a la dirigencia nacional quedó cancelada luego de la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos que determinó que la abogada nativa de San Rafael había aceptado ser postulada por el PAN como candidata a diputada local. Sin embargo, como la priista no figuró en el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de Acción Nacional que designó de manera directa a los candidatos al Congreso local, interpuso un recurso de protección a los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual revocó la resolución del órgano partidista y le restituyó sus derechos como militante.

La Sala Superior del TEPJF consideró extemporáneas las denuncias presentadas contra Piñón por intentar ser candidata del PAN en 2016, ya que el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI estipula que no puede solicitarse la imposición de las sanciones después de que transcurran 365 días naturales de la falta cometida.

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