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Veracruz otra vez es sacudido por la violencia, en esta ocasión por el asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, quien logró tejer una red de intereses políticos que lo hicieron fuerte, particularmente en la Cuenca del Papaloapan.
No cesa la violencia, que lo mismo golpea a un maestro, a un comerciante o trabajador de Pemex que a un médico de una institución de salud pública o a un político, sea presidente municipal o diputado.
Los mexicanos (en nuestro caso los veracruzanos) exigimos que haya seguridad ya, pero dadas las circunstancias que envuelven al país no se ve para cuándo puedan bajar sustancialmente los índices de violencia. Esto va para muchos años más.
El presidente López Obrador está empeñado en una estrategia que para un amplio sector de la población no da resultados y debe ser cambiada, pero AMLO y sus consejeros dicen que es la correcta.
En abril de este año, luego de la masacre de 14 personas ocurrida en Minatitlán, precisamente en esa ciudad veracruzana dominada por el crimen organizado, el Presidente le dijo al país que en seis meses disminuiría la inseguridad.
“Se desató la violencia pero la estamos estabilizando, que no continúe la tendencia de incremento en violencia. Nos va a llevar algún tiempo pero va a empezar a bajar”, dijo López Obrador.
Y el tiempo que pidió para empezar a ver resultados fueron seis meses, pues supuestamente en ese lapso se reflejaría la mejora del bienestar ciudadano, estaría consolidada la Guardia Nacional y habría avanzado la erradicación de la corrupción.
El medio año que pidió se cumplió en octubre pasado y en ese tiempo, en vez de ver resultados positivos, lo que se ha visto -sólo por dar unos ejemplos- son la masacre en Coatzacoalcos, asesinatos, secuestros y extorsiones por prácticamente todo el país, la revuelta armada por la delincuencia organizada en Culiacán para liberar al hijo de El Chapo, el crimen contra la familia de menonitas en Chihuahua y ahora el asesinato del diputado Molina Palacios.
¿Qué sigue? La realidad nos muestra que continuará la violencia. A mediados de octubre el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, salió a decir que se había frenado la inseguridad, pero que aún no había nada que presumir. La realidad lo empezó a golpear de inmediato y lo sigue golpeando.
Por lo que respecta al último caso que sacude a Veracruz, puede creerse que los asesinos quedarán impunes. Así ha ocurrido con la mayoría de los asesinatos cometidos contra políticos en nuestro estado. O nunca se dieron con los culpables o hay serias dudas sobre los señalados de participar en los homicidios.
Juan Carlos Molina era un empresario y político controvertido, con señalamientos en su contra, por eso si bien pudo llegar a dirigir a la CNC, no tuvo posibilidades reales de presidir el Comité Directivo Estatal del PRI, como era su deseo.
Sin embargo, la reacción del gobierno estatal no ha sido la descalificación, como ha sido costumbre en los últimos años por parte de las administraciones anteriores. Ahora el siguiente paso debe ser dar con los criminales. Abonaría a generar un mejor clima en tiempos tan convulsos.
