Cuando rindió protesta como nuevo fiscal de Veracruz, el 31 de diciembre de 2016 —al inicio del gobierno de Yunes Linares— Jorge Winckler no imaginaba que tres años después andaría a salto de mata.
Al finalizar el sexenio que inicio Javier Duarte en 2010 y terminó Flavino Ríos en 2016, el exfiscal Luis Ángel Bravo había renunciado al cargo; el espacio fue ocupado por el joven abogado Winckler, a quien se ubicaba como pieza incondicional en el tablero del nuevo gobernador.
Al salir Yunes Linares de la gubernatura y tras 10 meses de constantes escaramuzas con el nuevo gobierno, Winckler fue finalmente destituido por el Congreso de Veracruz, que recurrió a la figura de la separación “temporal” del fiscal.
Casi inmediatamente después del cese y de la atropellada toma de las instalaciones de la Fiscalía por parte del nuevo equipo a cargo, comenzó el calvario para Winckler. Fue entonces cuando se filtró a los medios la existencia de una orden de aprehensión contra el exfiscal, quien a partir de esas fechas, septiembre de 2019, no volvió a aparecer de manera pública; lo único que intentó, para efectos de opinión pública, fue dar a conocer su versión a medios nacionales.
Corrieron la misma suerte otros cinco excolaboradores de Winckler Ortiz, quienes fueron señalados por diferentes delitos, privación ilegal de la libertad, entre ellos.
Desde la bancada panista en el Congreso local intentaron apoyar al fiscal de Yunes con la promoción de una acción de incostitucionalidad, pero este recurso fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de eso, el paso de Winckler por la Fiscalía de Veracruz pasó de un escándalo a otro: acabada de salir del cargo cuando se reveló que contaba con 48 escoltas y que ejercía los recursos del organismo como si fuera su patrimonio.
De forma reciente, los nuevos responsables del organismo autónomo revelaron un impresionante rezago en miles de carpetas de investigación; pero no es todo, también dieron a conocer irregularidades administrativas, pagos excesivos, derroche, opacidad y hasta la existencia de aviadores en la nómina del organismo, así como la presunta desaparición de recursos que pertenecían al llamado “fondo revolvente”, algo así como 3 millones 800 mil pesos.
El informe anual de la Fiscalía, retomado por diferentes medios informativos locales y nacionales, consigna, por ejemplo, que de los mil 920 trabajadores del organismo autónomo, sólo mil 584 aprobaron las evaluaciones de control de confianza.
Se documentaron, además, adjudicaciones directas de contratos por 316 millones de pesos, y deudas por más de 250 millones al Sistema de Ahorro para el Retiro.
El equipo de escoltas destinado a Winckler y familiares habría gastado 125 mil pesos mensuales sólo en gasolina; y ni qué decir de los salarios asignados a los funcionarios más encumbrados de la oficina; en algunos casos, las percepciones se ubicaban cerca de los 300 mil pesos mensuales, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, correspondiente a 2019.
Los nuevos señalamientos complican aún más el panorama para quien ocupara la titularidad de la Fiscalía de Veracruz durante el bienio de Miguel Ángel Yunes.
Perseguido, arrinconado y con limitaciones para articular una defensa, no se ve cómo podría salir bien librado Winckler de las nuevas acusaciones en su contra.
En junio de 2018, seis meses después de su salida del cargo, el exfiscal Luis Ángel Bravo fue detenido en la Ciudad de México. ¿Correrá el fiscal de Yunes Linares con la misma suerte?
