Las dudas sobre el trabajo de la Fiscalía General del estado (FGE) en la investigación del asesinato, hace casi dos años, del exdiputado local, Juan Carlos Molina Palacios, líder estatal de la CNC, las confirmó un juez federal...
Quien desechó las pruebas que había presentado y ordenó la liberación del presunto culpable, a quien las autoridades vinculan al crimen organizado de la zona de la Cuenca del Papaloapan, pero sigue retenido por la FGE por otros delitos que le atribuye. La suerte de Juan Carlos, originario de Carlos A. Carrillo, floreció desde la época de Fidel Herrera Beltrán y durante todo el sexenio de Javier Duarte, cuando amasó una incalculable fortuna, en parte atribuida a sus actividades públicas de productor cañero, después en la cría de ganado de alto registro y últimamente en diversas áreas de inversión, principalmente de tipo inmobiliario. Bonachón, ocurrente, generoso, hábil en sus relaciones interpersonales, de él se tejieron muchas leyendas; generalmente manejaba sus propios vehículos y se desplazaba con una sobria seguridad. No mostraba temor de algún atentado, y eso fue lo que más sorprendió el día de su muerte, pues fue atacado a la puerta de entrada de su rancho Rosa del Alba, en Medellín, donde regularmente citaba y recibía a compradores de pies de cría de las razas bovinas que él producía. No se tiene ninguna referencia de que al momento del atentado haya tratado de defenderse, de lo cual se deduce que pudo haber conocido a sus atacantes, ni sus guardias repelieron la agresión y tampoco hubo persecución de los asesinos que escaparon en un auto compacto por caminos de terracería, según la información que se conoció ese mismo día. ¿De dónde surgió la identificación y aprehensión del presunto culpable exonerado por el juez federal? No se sabe; “salió de la nada”, según acaba de señalar su compañero de bancada en el Congreso local, Jorge Moreno Salinas, quien fue nombrado presidente de la Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimpara dar seguimiento a este caso. “Que comprueben (la FGE) que él es el responsable y que se le castigue conforme a la ley, si hay indicios”, demandó. Lo dice un legislador caracterizado por su seriedad y sobriedad, con conocimiento de lo que habla como abogado que es, y haber ejercido altos cargos relacionados con la seguridad pública en la administración pública del estado.
Es un episodio que puede significar incompetencia de funcionarios a cargo de la indagatoria, avalados por la fiscal general, Verónica Hernández Gíadans, o que algo raro pasa en este delicado asunto, respecto del cual el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló hace unos días algo muy delicado, de un posible soborno de tres millones de pesos al juez que echó por tierra las pruebas presentadas por la Fiscalía, de lo cual deberá tener pruebas. Indicó que ya ha solicitado una investigación. En tanto, van casi dos años de un crimen que sigue impune, y apenas podría comenzar nuevamente la investigación.
opedro2006@gmail.com
