/ domingo 24 de julio de 2022

Jueces parciales

Desde la primaria nos enseñaron que el poder en este país se divide en tres partes para evitar que uno de ellos tenga el poder absoluto. El poder Legislativo, que es el que hace las leyes, el poder Ejecutivo, que es el que ordena su ejecución, y el poder Judicial, que es el que vigila que todo el mundo cumpla dichas leyes. Así fue como nos lo enseñaron y como creemos que es.

Sin embargo, y ante la realidad vista últimamente en la actual administración, notamos que algunos jueces están tomando decisiones a favor de intereses ajenos a los de la Nación.

Nunca antes habíamos visto tantos amparos judiciales y obstáculos legales impuestos por jueces ante obras y acciones que se están construyendo para el bienestar de los mexicanos. Estas acciones cada vez más se parecen a un boicot contra las acciones del gobierno federal.

Las últimas acciones legales en contra de la construcción del Tren Maya, similares a las que se utilizaron para detener otras obras como el AIFA o la refinería Dos Bocas, obligan a revisar qué es lo que pasa en la gestión de justicia de parte de algunos jueces de distrito, y por qué sucede así. Para muestra van estos botones:

El gobierno federal, para blindar la construcción del Tren Maya, tuvo que declararlo asunto de seguridad nacional para poder reanudar los trabajos de la línea 5 que habían estado detenidos durante semanas bajo amparos de pseudo ambientalistas, muchos de ellos, dicho sea de paso, con intereses y negocios en la zona.

Sobre esta decisión, el Presidente tuvo que dejar claro en la conferencia del martes 19 de julio que por los intereses de un grupo de “corruptos o pseudo ambientalistas”, no se puede detener una obra que tiene un amplio consenso y beneficia al pueblo, y que por lo tanto, deberá continuarse la construcción pues “no podemos aceptar que los intereses de grupos y facciones se pongan por encima del interés general”.

La medida, muy criticada por grupos opositores es totalmente legal de acuerdo a abogados especialistas, y es perfectamente entendible cuando lo que se busca es evadir un claro boicot, que a través de una herramienta noble como lo es el amparo, pues protege derechos, lo que busca es simplemente boicotear la obra y detenerla para que no sea inaugurada el próximo año.

La semana pasada, el juez Ramón Lozano Bernal concedió una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey (IEM) contra la multa millonaria de más de 9 mil mdp que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso a la compañía española por haberse aprovechado de un vacío legal y vender a terceros la energía eléctrica que autogeneró bajo la figura de auto abastecimiento, por la cual obtuvo grandes beneficios. Con su acción, el juez Lozano Bernal perdona una multa que tiene que pagar no al gobierno de López Obrador, sino al pueblo de México. El actuar de este juez es un claro autogol en contra de México.

Otra noticia sobre amparos a favor de transnacionales en estos días fue el amparo que el juez Francisco Javier Rebolledo Peña otorgó a la empresa MONSANTO para usar glifosato y maíz transgénico. El glifosato es un herbicida de alta toxicidad creado por la empresa transnacional, muy utilizado en cultivos de soya, algodón y maíz, calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable cancerígeno, y por lo cual se encuentra prohibido en el país por decreto presidencial desde el 2020.

Con estos ejemplos vemos como algunos jueces, no todo el Poder Judicial, se han comportado a favor de ciertos grupos de poder.

Si la gente votó por un cambio en el 2018, es prudente preguntarse por qué aquellos que supuestamente están aplicando las leyes a favor de México legislan a favor de compañías privadas, nacionales o extranjeras, privando al pueblo de México, como en el caso de la reforma energética, de verdaderos avances como el de la construcción de su soberanía energética.

Ya sea falta de vocación o imposibilidad de ver los tiempos nacionales que vivimos, estamos ante personas que aparentemente desprecian los intereses nacionales.

Y luego se preguntan porqué la condena popular de la gente termina llamándolos traidores a la Patria.

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Sin embargo, y ante la realidad vista últimamente en la actual administración, notamos que algunos jueces están tomando decisiones a favor de intereses ajenos a los de la Nación.

Nunca antes habíamos visto tantos amparos judiciales y obstáculos legales impuestos por jueces ante obras y acciones que se están construyendo para el bienestar de los mexicanos. Estas acciones cada vez más se parecen a un boicot contra las acciones del gobierno federal.

Las últimas acciones legales en contra de la construcción del Tren Maya, similares a las que se utilizaron para detener otras obras como el AIFA o la refinería Dos Bocas, obligan a revisar qué es lo que pasa en la gestión de justicia de parte de algunos jueces de distrito, y por qué sucede así. Para muestra van estos botones:

El gobierno federal, para blindar la construcción del Tren Maya, tuvo que declararlo asunto de seguridad nacional para poder reanudar los trabajos de la línea 5 que habían estado detenidos durante semanas bajo amparos de pseudo ambientalistas, muchos de ellos, dicho sea de paso, con intereses y negocios en la zona.

Sobre esta decisión, el Presidente tuvo que dejar claro en la conferencia del martes 19 de julio que por los intereses de un grupo de “corruptos o pseudo ambientalistas”, no se puede detener una obra que tiene un amplio consenso y beneficia al pueblo, y que por lo tanto, deberá continuarse la construcción pues “no podemos aceptar que los intereses de grupos y facciones se pongan por encima del interés general”.

La medida, muy criticada por grupos opositores es totalmente legal de acuerdo a abogados especialistas, y es perfectamente entendible cuando lo que se busca es evadir un claro boicot, que a través de una herramienta noble como lo es el amparo, pues protege derechos, lo que busca es simplemente boicotear la obra y detenerla para que no sea inaugurada el próximo año.

La semana pasada, el juez Ramón Lozano Bernal concedió una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey (IEM) contra la multa millonaria de más de 9 mil mdp que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso a la compañía española por haberse aprovechado de un vacío legal y vender a terceros la energía eléctrica que autogeneró bajo la figura de auto abastecimiento, por la cual obtuvo grandes beneficios. Con su acción, el juez Lozano Bernal perdona una multa que tiene que pagar no al gobierno de López Obrador, sino al pueblo de México. El actuar de este juez es un claro autogol en contra de México.

Otra noticia sobre amparos a favor de transnacionales en estos días fue el amparo que el juez Francisco Javier Rebolledo Peña otorgó a la empresa MONSANTO para usar glifosato y maíz transgénico. El glifosato es un herbicida de alta toxicidad creado por la empresa transnacional, muy utilizado en cultivos de soya, algodón y maíz, calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable cancerígeno, y por lo cual se encuentra prohibido en el país por decreto presidencial desde el 2020.

Con estos ejemplos vemos como algunos jueces, no todo el Poder Judicial, se han comportado a favor de ciertos grupos de poder.

Si la gente votó por un cambio en el 2018, es prudente preguntarse por qué aquellos que supuestamente están aplicando las leyes a favor de México legislan a favor de compañías privadas, nacionales o extranjeras, privando al pueblo de México, como en el caso de la reforma energética, de verdaderos avances como el de la construcción de su soberanía energética.

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