La denuncia pública del senador panista Julen Rementería del Puerto está basada en información oficial que le entregó el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (Infomex 04476119).
Además de testimonios fotográficos y documentos oficiales sobre irregularidades graves que pueden ser constitutivas de delitos de corrupción, por lo que no puede ni debe ignorarse por las autoridades del estado ni tomarse a la ligera como lo ha hecho el titular del ramo, Zenyazen Escobar García, al pretender eludir su responsabilidad con la acusación de que Julen habría cometido la misma falta que ahora le atribuye. Dirían los abogados que, a confesión de parte, relevo de pruebas. El panista señaló obras de la SEV inexistentes, atrasadas y de mala calidad, asignaciones directas que son comunes en los gobiernos actuales y, lo más grave, la utilización de “empresas fantasmas” para desviar recursos, como se hizo con Javier Duarte como gobernador, quien actualmente purga una condena en la cárcel. Las obras en 281 escuelas a las que se habrían destinado más de 407 millones de pesos, en su mayoría no corresponden a contrataciones en la actual administración, varias venían incluso del gobierno duartista y el anterior bienio, y otras tienen recursos asignados por el Fonden el año pasado debido a daños que sufrieron por desastres naturales; y muchas, infinidad de ellas, contratadas desde julio de 2019 y las que ya tendrían que estar terminadas, siguen inconclusas o los trabajos realizados son de mala calidad. No es lo peor. Más grave es la evidencia de haberse contratado a empresas presumiblemente inexistentes, de acuerdo con los domicilios fiscales que se localizan en casas abandonadas, lavado de autos o locales con venta de antojitos. El propio senador se dio a la tarea de ir y corroborar estos hechos, pero lo que tiene valor es el informe que rindió el IVAI, de acuerdo con los datos y listado que aportó el área Espacios Educativos. La reacción inmediata del secretario Zenyazen fue subir a redes sociales testimonios de tres maestras que señalan que sí se realizaron obras en sus escuelas, pero faltaría ver si el mismo cumplimiento existe en las 278 obras restantes. Además, el titular de la SEV trató de revirar a Julen que, la empresa presumiblemente ficticia contratada por el actual gobierno de Morena es la misma a la que el anterior gobierno panista le asignó contratos de obras, lo que significa que si hay irregularidades ahora, también las hubo anteriormente con Miguel Ángel Yunes, y la investigación no debe quedarse solamente en los hechos actuales, sino rastrear hacia atrás. De paso, también tendrían que investigarse si los contratos que asignó la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado (SIOP) en tiempos de Rementería del Puerto, al exlíder del PAN en el estado, José de Jesús Mancha Alarcón, fueron legales o no, y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, y de haber delito de tráfico de influencias o corrupción, aplicar la ley por igual. Sin embargo, lo que ahora interesa es qué va a pasar con las desviaciones e irregularidades que, de acuerdo con esas pruebas y evidencias, están presentándose en Secretaría de Educación de Veracruz. Tiene que haber una respuesta formal de la autoridad encargada de fiscalizar y determinar si existe o no sanción y delito que perseguir, por esos presuntos actos de corrupción.
LA CONTROVERTIDA REFORMA ELECTORAL
Hay jaloneo entre los grupos políticos del centro y locales de Morena en la coyuntura de la reforma electoral que acaba de aprobar la bancada mayoritaria en el Congreso del estado. Ayer, reaccionaron en contra de esa aprobación algunos diputados federales por su desacuerdo en suprimirse la revocación de mandato, que va en contra de los postulados de esa organización política. En realidad, es una lucha de grupos. Los de acá buscan proteger al gobernador, que por su impopularidad es vulnerable políticamente; y allá, lo que pretenden es que se vaya y que se nombre a quien pueda preparar un buen camino a quien tome la batuta en 2024.
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