El Estado de derecho en México, partiendo del gobierno de la 4T, además del rezago que venía arrastrando la justicia en el ámbito de competencia federal, ahora a nombre del presidente López Obrador su consejero jurídico, Julio Scherer, litiga en los tribunales y mal aconseja a su jefe, recibiendo ambos la protesta generalizada de los profesionales del derecho, desde los académicos e investigadores de institutos de educación superior, hasta de las barras, colegios y asociaciones de abogados litigantes.
Si se mide por resultados la impartición de justicia durante los años 2019, 2020 y lo que va del presente año, las variables para la medición arrojan saldos rojos, no solo por el cierre de actividades por el Covid-19, sino también por la falta de ética profesional, de leguleyos que acuden a recursos notoriamente frívolos e improcedentes para retardar los fallos.
No es la primera vez que con exabruptos como el cometido por el consejero jurídico del Presidente, otros colaboradores del gobierno de la 4T han pretendido y, en muchos casos, han logrado imponer condiciones para que jueces de toda la República dicten sentencias atendiendo a las recomendaciones del Ejecutivo federal y sus cercanos, con notable vulnerabilidad para la sociedad civil, cuyos derechos de acceso a una justicia pronta y expedita se han vuelto nugatorios.
Los fallos por consigna, los rezagos en la solución de conflictos y la corrupción que permite vender al mejor postor las sentencias que constitucionalmente deben ser gratuitas, mandan a calificación reprobatoria al Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en las 32 entidades federativas y en muchos casos a los estados y municipios, donde orillan a los demandantes de justicia a recurrir a la venganza privada para hacerse justicia por propia mano (ojo por ojo), incrementando la delincuencia, en un círculo vicioso que no se ve para cuándo se habrá de romper.
El pueblo acusa y se duele de la falta de profesionalismo, honestidad y efectividad en las investigaciones ministeriales y la aplicación de los protocolos para la función policial. El Estado de derecho es esencial para mantener vigentes las instituciones públicas, la división de poderes y el respeto a la Constitución Política, que es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico y político.
Los fallos por consigna, los rezagos en la solución de conflictos y la corrupción que permite vender al mejor postor las sentencias que constitucionalmente deben ser gratuitas, mandan a calificación reprobatoria al Poder Judicial de la Federación.
