Desde el pasado 18 de marzo los órganos jurisdiccionales del estado de Veracruz suspendieron sus labores, dejando a los justiciables y a la sociedad en general en abandono, olvido, desprotección e incertidumbre jurídica.
La de por sí lenta y tardía impartición de justicia, que a veces llega pos mortem del ciudadano que —confiando en las leyes y en las instituciones del Estado mexicano— acude ante los tribunales para dirimir controversias, ha anunciado que extenderá su cuarentena por lo menos hasta el 30 de junio de este año.
Es decir, no es malo que el Poder Judicial del Estado de Veracruz haya tomado las medidas necesarias para salvaguardar la salud de sus trabajadores a través del resguardo domiciliario, pues en efecto resulta incuestionable haber priorizado el derecho a la vida y a la salud, no sólo de ellos sino de las personas que cotidianamente acuden de manera masiva a sus oficinas.
Lo que resulta a estas alturas injustificable es la cerrazón, negativa o falta de apertura en la búsqueda de soluciones al problema de no poder trabajar físicamente en los inmuebles que ocupan dichos órganos judiciales.
El hecho de no considerar la impartición de justicia como una actividad esencial del Estado, deja en el limbo conceptos y fundamentos básicos de nuestra existencia y convivencia en sociedad bajo un orden social o Estado de derecho.
Echa por tierra, además, todo avance en materia de derechos humanos y convierte en discurso el ideal de justicia, pronta, expedita, oportuna y eficaz del que nos habla la Constitución General de la República, en su artículo 1, párrafos segundo y tercero, apartado relativo a la “protección más amplia” que en lenguaje de derechos humanos el texto constitucional manda dar a las personas por parte de las autoridades.
En medio de la contingencia ha quedado al descubierto el atraso total en el que se encuentra la impartición de justicia en Veracruz, sin la menor idea de la tramitación de los asuntos conforme a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), como una vía alternativa para dar precisamente esta protección amplia de la que habla el texto constitucional, en las condiciones de aislamiento voluntario que vivimos.
¡Sí se puede!, aunque aparte de voluntad se debe tener preparación y asumir el reto. Ahí tenemos a las dependencias gubernamentales haciendo trabajo desde casa, con supresión de algunas funciones (no todas), recibiendo público por citas y horarios con todas las medidas de protección sanitarias, como el Registro Público de la Propiedad.
O la Condusef, por ejemplo, recibiendo quejas en línea a través de su portal, con restricciones y no de todo tipo de casos, pero haciendo presencia y labor en una época en la que se requieren órganos receptores que conozcan de quejas y abusos y desplieguen su actuación para reprimir conductas abusivas.
O empresas privadas como bancos, de igual manera trabajando por turnos, o guardias, correos, vía telefónica, incluso WhatsApp.
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