/ jueves 8 de octubre de 2020

La 4T prefiere la cancelación en vez de rendición de cuentas

Los fideicomisos cuya eliminación propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, equivalen al monto aproximado al presupuesto de egresos de todo un sexenio del gobierno estatal veracruzano (700 mil mdp). Para este año, el presupuesto autorizado a Veracruz es cercano a los 120 mil millones de pesos, cantidad que se reduce de manera considerable por la deuda pública heredada a la actual administración.

Qué fácil resulta para un legislador federal de Morena hablar, criticar y acusar sin sustento a gobiernos pasados, situación que bien analizada nos conduce a pensar que diputados y senadores abanderados por Morena “ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio”. Es decir, dan a entender, con su pésima gestión, que en lugar de velar por los intereses del pueblo, sólo están ocupando curules y escaños para cumplir los caprichos presidenciales.

El tema del día, por la cancelación o desaparición de 109 fideicomisos, seguramente resultará a favor de los representantes populares de Morena, pues basta con la línea marcada desde Palacio Nacional para que los recursos públicos asignados al Fonden, a la promoción del deporte de alto rendimiento, al Conacyt, a la investigación y protección ambiental, al fondo adicional para gobiernos metropolitanos, a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y a muchos otros más, se cancelen y el dinero regrese a la bolsa de la Secretaría de Hacienda para que lo manejen discrecionalmente, según convenga a la 4T.

El pobre argumento que sustenta la grave determinación morenista es que “por estar fuera de control, se sustrajeron y dilapidaron con corrupción esos fondos, chocando con los principios que deben aplicarse a los recursos públicos”; en todo caso, en vez de cancelar los fideicomisos, habría que encarcelar a los presuntos responsables (si es que los hay) y “recuperar para el pueblo lo robado”.

Se escucha bien el mandato establecido en la ley, para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; lo malo es que todos esos principios han resultado letra muerta para la 4T en estos casi dos años de gobierno y lo único que cuenta es el mandato que emana de la voz de trueno del “gran tlatoani” de Palacio Nacional.

Los fideicomisos cuya eliminación propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, equivalen al monto aproximado al presupuesto de egresos de todo un sexenio del gobierno estatal veracruzano (700 mil mdp). Para este año, el presupuesto autorizado a Veracruz es cercano a los 120 mil millones de pesos, cantidad que se reduce de manera considerable por la deuda pública heredada a la actual administración.

Qué fácil resulta para un legislador federal de Morena hablar, criticar y acusar sin sustento a gobiernos pasados, situación que bien analizada nos conduce a pensar que diputados y senadores abanderados por Morena “ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio”. Es decir, dan a entender, con su pésima gestión, que en lugar de velar por los intereses del pueblo, sólo están ocupando curules y escaños para cumplir los caprichos presidenciales.

El tema del día, por la cancelación o desaparición de 109 fideicomisos, seguramente resultará a favor de los representantes populares de Morena, pues basta con la línea marcada desde Palacio Nacional para que los recursos públicos asignados al Fonden, a la promoción del deporte de alto rendimiento, al Conacyt, a la investigación y protección ambiental, al fondo adicional para gobiernos metropolitanos, a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y a muchos otros más, se cancelen y el dinero regrese a la bolsa de la Secretaría de Hacienda para que lo manejen discrecionalmente, según convenga a la 4T.

El pobre argumento que sustenta la grave determinación morenista es que “por estar fuera de control, se sustrajeron y dilapidaron con corrupción esos fondos, chocando con los principios que deben aplicarse a los recursos públicos”; en todo caso, en vez de cancelar los fideicomisos, habría que encarcelar a los presuntos responsables (si es que los hay) y “recuperar para el pueblo lo robado”.

Se escucha bien el mandato establecido en la ley, para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; lo malo es que todos esos principios han resultado letra muerta para la 4T en estos casi dos años de gobierno y lo único que cuenta es el mandato que emana de la voz de trueno del “gran tlatoani” de Palacio Nacional.