La deuda pública es uno de los temas que más controversia genera dentro del marco de las finanzas públicas. Es un asunto polémico. En buena medida, como consecuencia de las crisis económicas que se ligan al endeudamiento como forma supletoria de soporte del gasto gubernamental. Un ejemplo de crisis económica en nuestro país originada por esta causa se encuentra en la década de los setenta.
La caída en los precios de petróleo a finales de esos años, ocasionaron la disminución de los ingresos públicos de esa época y, en lugar de ajustar el gasto público u optar por aumentar impuestos, se decidió por contratar obligaciones financieras para mantener la operación administrativa del gobierno y cumplir con sus compromisos sociales. El resultado fue caótico. La economía nacional se contrajo generando grandes niveles de desempleo con altas tasas de inflación.
Desde entonces, existe una entendible tendencia generalizada por cuestionar el concepto de la deuda pública, cuando lo que se debe de rechazar, de manera enérgica y con total contundencia, no es la deuda pública en sí misma sino su uso financieramente irresponsable. Ahí es donde debemos fijar nuestra atención y ahí es donde debemos centrar nuestro análisis.
El uso responsable de la deuda pública implica mantener un equilibrio presupuestal, sujeto a límites y donde esos márgenes de endeudamiento tengan fuente de financiamiento. El uso responsable de la deuda pública implica que tengan como propósito convertirla, exclusivamente, en un vehículo para financiar el desarrollo a través de la generación activos sociales y de inversión pública con probada rentabilidad social. El uso responsable de la deuda pública entraña convertirla en acciones de gobierno que aumenten la hacienda pública y jamás usarse como instrumento para saldar gastos administrativos.
En las últimas décadas, las finanzas nacionales han mantenido un equilibrio importante. Los empréstitos gubernamentales han estado en niveles financieramente saludables, aunque para los tres años recientes, los que responden a los de la actual administración federal, se percibe un endeudamiento documentado como también un endeudamiento oculto que debe develarse y hacerse notar.
Está documentado que, hasta antes del 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es la medida más amplia sobre deuda pública nacional, representó el 44.9% del PIB, mientras que para el 2021 aumentó hasta el 53.7%. Cada punto porcentual del PIB equivale a 270 mmdp. El balance primario del sector público, que es la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, sin considerar los intereses de deuda, en el 2018 arrojó un superávit de 0.6% del PIB, en tanto que para el 2021 alcanzó un déficit de – 0.4%, lo que significa que el gobierno tuvo que endeudarse para pagar intereses de deuda previa. Además, para el ejercicio fiscal del 2022, el gobierno federal está solicitando, a la Cámara de Diputados, empréstitos por 850 mmdp para cuadrar el presupuesto federal.
También es deuda, aunque se pretenda ocultar, la disposición de recursos reasignados por el gobierno federal provenientes de fondos legalmente establecidos con antelación para propósitos específicos. En 2018, los fondos de estabilización de ingresos y fideicomisos públicos, contaban con más de 370 mmdp. Para 2021, cuentan con escasos 30 mmdp. Más de 340 mmdp que no ingresaron a la hacienda nacional, pero que sí se gastaron y con los cuales se pretende maquillar cifras y esconder deuda.
En estos últimos tres años el país se ha endeudado. ¿Alguien puede sostener lo contrario? ¿Ha sido de manera responsable? Ustedes tienen la última palabra
(*) Diputado federal. PRI
.jpg "Convencion Bancaria_Claudia Sheinbaum (2).jpg")
