Superado el problema del enorme déficit financiero heredado por la administración de Javier Duarte, y una vez que fue renegociada la abrumadora deuda que enfrenta el gobierno estatal, Veracruz tiene un respiro en cuanto a las finanzas.
En octubre de 2016, antes del inicio de la presente administración veracruzana, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado dio a conocer que la deuda pública ascendía a 64 mil 580 millones de pesos, de los cuales poco más de 48 mil millones correspondían a deuda bancaria.
En tanto se informó que los municipios de la entidad enfrentaban una deuda pública por poco más de 3 mil 900 millones de pesos.
El 30 de noviembre de ese mismo año la exsecretaria de Finanzas del gobierno estatal, Clementina Guerrero, habló de pasivos por casi 88 mil millones de pesos, entre la deuda bancaria, la bursátil y la que se reconocía con proveedores, contratistas y prestadores de servicios.
Un ejemplo: entre 2011 y 2012, durante la administración Duarte, el gobierno estatal solicitó 18 préstamos. En total fueron 34 mil millones de pesos los que llegaron a Veracruz; y de esa cifra casi dos terceras partes se fueron al gasto corriente; sólo 12 mil millones, en teoría, se destinaron a la obra pública.
Entre 2010 y 2016, la deuda veracruzana pasó de 10 mil a más de 41 mil 500 millones de pesos.
El problema, sin embargo, no es tanto la deuda, sino el fin que tuvo ese dinero. En Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, casi no hubo inversión pública; presuntamente esos recursos fueron saqueados o mal administrados.
Así, no es difícil imaginar la realidad de las finanzas públicas de Veracruz ni los problemas para la operación y funcionamiento del gobierno estatal.
Recordemos que durante los primeros meses de la administración encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares el Poder Ejecutivo estatal estaba al borde del colapso económico, porque no tenía dinero ni para la nómina completa.
Hace casi un año, en julio de 2017, la Legislatura del Estado aprobó la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Yunes para crear un fideicomiso para la reestructuración de la deuda. Se pagarían menos intereses a un plazo mucho mayor que el negociado por el anterior gobierno. El resultado fue la disposición de más recursos para el funcionamiento del aparato administrativo estatal.
Podría decirse que con esa medida Yunes Linares resolvió la urgencia de recursos; gracias a ello, el gobierno estatal tuvo dinero para realizar algunas obras, destinar recursos para los programas de combate a la pobreza e invertir en escuelas e infraestructura hospitalaria.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la deuda pública sigue ahí, impidiendo el desarrollo; Veracruz debe pagar durante 2018 más de 260 millones de pesos por amortización de la deuda; además de 3 mil 831 millones por intereses.
El año pasado, 2017, Veracruz fue la entidad que más contrató deuda pública en el país, dado que entre los gobiernos estatal y municipales se registró un monto de 38 mil 562 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.
En ese contexto, el último reporte del Sistema de Alertas de la SHCP mantiene a la entidad veracruzana en foco amarillo, con endeudamiento en observación, dado que su deuda pública equivale a más del 100% de sus Ingresos de Libre Disposición.
Se trata de un problema que no se podría resolver en el corto o mediano plazo; el saldo que dejó como herencia Javier Duarte tardará no sólo años, sino décadas en resolverse.
@luisromero85
