Desde el momento que la elección de 2017 favoreció a Morena y al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, tenían en cartera como un gran pendiente los bajos ingresos de la hacienda pública y que México era un país con muchas carencias y demandas de justicia social, con un rango de pobreza de 46.2 por ciento, casi 53 millones de habitantes al que refiere el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval).
Siempre que es propicio reitero que el hombre se asoció buscando, primero comer, después su seguridad y finalmente su bienestar. Para lograr eso requiere aportar al Estado los impuestos o recursos que lo permitan.
Para ello las cosas se acomodan, a veces planeadas y otras devienen. Es el caso del padre de esta estrategia, el diputado Leonardo Ramírez Cuéllar, que antes de su incursión en Morena presidía la Comisión de Presupuesto y Deuda Pública.
Al concluir su gestión, Ramírez Cuéllar se reincorpora a la Cámara de Diputados, no a la Comisión de Presupuesto y Deuda Pública, y le arman una al ser designado Coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, cuyo propósito es que al finalizar la actual Legislatura se propongan posicionamientos y propuestas para una reforma fiscal que aplique para el año 2022; en pocas palabras, una nueva Convención Nacional Hacendaria.
Dentro de los primeros trabajos de esta comisión se perfila una reforma para incrementar los impuestos a los ricos de México, asegurar que paguen sus impuestos completos y que dependencias formales del Estado mexicano, como el INEGI y Banxico midan su riqueza, al estilo argentino.
Otro de sus propósitos es bajar la carga tributaria a aquellos trabajadores que ganen menos de 12 mil pesos mensuales, considerarlos dentro de un esquema diferenciador de bienestar para exentarlos del pago de ISR, que según su estimación es el 80 por ciento de los trabajadores de México.
El impuesto a la clase más rica del país pretende ser una copia de la aplicada en Argentina o concebida en ese país para que de única vez se aplique un impuesto de 2 por ciento a patrimonios de 20 millones de pesos y de 3 por ciento a riquezas superiores, entendiéndose por integración de riqueza a bienes inmuebles, muebles, valores, acciones y todo aquello que signifique un bien valuable con posibilidades líquidas.
Otros puntos que indudablemente deben considerasen son:
1.- Acabar con la informalidad (actualmente casi ajena a la contribución fiscal).
2.- Que todos paguemos adecuadamente los impuestos que nos corresponden.
3.- Fomentar la confianza de los inversionistas para que haya más inversión en el país.
4.- Que el gasto corriente del gobierno no sea el del gran empleador, por lo contrario, que sea de calidad y en beneficio del país.
5.- Dar prioridad al desarrollo eficiente del sistema de salud y educación en el tiempo; que la razonabilidad y los recursos lo permitan a mediano y largo plazos.
6.- Un gasto de gobierno responsable y eficaz.
Para Veracruz, mejorar sus sistemas de recaudación, atacando las cifras tan grandes que registra su contabilidad en valores susceptibles de realización líquida, que imponga aranceles a los ingenios azucareros que tienen contaminados los ríos del estado, que las cementeras, como las ladrilleras que medran el eco sistema se sometan a un tributo regular y lo más importante, que se cree el Órgano Autónomo de Valuación, que defina y dé profundidad a los valores catastrales, que son la base para el impuesto predial y el impuesto de traslación de dominio, donde cada quien cobra lo que quiere y los gananciosos son funcionarios menores y notarios.
El estado necesita más ingresos para que pueda exigírsele el cumplimiento para el bien público. Seguramente, si gana Morena, Ramírez Cuéllar hará su trabajo.
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